"No es una denuncia contra la ministra, es una denuncia contra la utilización de un dinero para dividirse en un grupo de funcionarios en desmedro de la mayoría", expresó el doctor César Pimienta en conversación con ABC Digital.
"No es algo personal contra la ministra, es la forma antiética e inmoral de distribuir dinero adjudicándose la excelencia en la función. El ministerio no es como ellos pintan (...) Eso es lo que crea escozor en los funcionarios de salud que siempre hacen asambleas para pedir una respuesta", acotó el sindicalista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud al referirse al cobro de G. 31 millones por parte de la ministra Esperanza Martínez en concepto de gratificación.
También dijo que cuando se mencionó "objetivos cumplidos", los trabajadores de blanco (como enfermeras y médicos) pensaron que serían ellos los beneficiados pero, al contrario, sólo un grupo reducido recibió sumas millonarias. "Son escandalosos para argumentar premio a una buena gestión", comentó.
Pimienta indicó que, hasta ahora, la gestión de la ministra Esperanza Martínez es deficiente y ello se puede comprobar con las carencias en los puestos y hospitales públicos: "Tiene que haber una buena gestión para que no falte medicamentos, que se concluyan las obras que se iniciaron. La ejecución del 90 al 97% para las regiones sanitarias no se nota, las farmacias siguen vacías, no hay médicos de guardia, hay retraso en el pago de los salarios", mencionó.
"Es un despropósito, no importa el monto, tuvo que haber sido transparentado y justo para todos (...) El pago es antiético e inmoral (...) Son cifras millonarias, no coinciden con la realidad del país. No tendría que premiarse por algo que no se cumplió", dijo Pimienta.
El médico aseguró que esta es solo una de las tantas irregularidades en el Ministerio de Salud: "No es el único dinero que cobran, hay muchos otros beneficios".
Finalmente, anunció que en la tarde de este jueves, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud presentará una denuncia ante la Contraloría General de la República, la Comisión Permanente del Congreso Nacional y la Fiscalía.