Con el título “Hipocresía populista”, el periódico El País de Uruguay coincide en que el juicio político a Fernando Lugo se llevó a cabo de acuerdo a la Constitución Nacional vigente en el Paraguay, por lo que “no debe haber observaciones al procedimiento porque así se procedió, aunque muchos reclamos se refieren a la ausencia del debido proceso de garantía mínima que cualquier acusado tiene para ejercer su defensa”.
Recuerdan además que fue el mismo Lugo quien aceptó someterse al juicio político, haciendo pública esa posición y reconociendo incluso las consecuencias.
El medio resalta que los plazos no previstos para el diligenciamiento del juicio son administrados por las instituciones competentes, en este caso el Senado paraguayo, “en función de la situación que pueda vivirse en una sociedad que se ve expuesta a una resolución política tan importante”.
“A pesar de que pueda invocarse que han sido muy cortos, ha quedado claro que los fijados se cumplieron y que, por tanto, no se ha cometido ningún golpe de Estado, ni desde el Estado, ni con la participación de las Fuerzas Armadas y menos como producto de una sedición generalizada”, aclara.
También destacan que la cuestión de ver la fortaleza o la debilidad de los sistemas de partidos en el Paraguay es un “ejercicio privativo” de los paraguayos, por lo que la OEA, el Mercosur o la Unasur “nada tienen que decir sobre dicho proceso interno”.
“Si lo hacen, constituye una grave violación del principio de no intervención, patrimonio político y jurídico de las Naciones Unidas”, resalta.
El editorial expresa que la reacción de los países de América Latina, a los cuales califica de populistas, “responden a una suerte de corporativismo ideológico presidencial, que poco apego tiene a la soberanía popular y, menos aún, a la democracia representativa, a la que consideran una estructura burguesa con la que debe convivir a desgano”.
Destacan que Paraguay no merece este trato, “ni jurídica ni políticamente”, ya que se trata de un abuso inaceptable de países “más poderosos” que se escudan en su asimetría para querer ejercer una “tutela ética inaceptable”.
Critican la presencia de los cancilleres de Unasur en el Paraguay señalando su visita como un “turismo diplomático” que buscaba presionar al país a torcer la decisión soberana del Parlamento.
El País cuestiona que el presidente de Uruguay, José Mujica, repita el argumento de los demás países que hablan de un “golpe parlamentario”, que surge sin fundamentos y forma parte de la fórmula de Hugo Chávez, Brasil y Argentina para descalificar.
“Estamos frente a un retroceso de nuestra política exterior que afecta nuestra dignidad nacional. Una actitud obsecuente frente a la Argentina y al Brasil. Y lo que es peor aún, acompañando una presión indebida contra el Paraguay de dos países que han incumplido sus obligaciones en el Mercosur y que no conocen otra actitud que la insolidaridad con las economías menores del bloque regional”, sostiene.
Sobre las amenazas de sanciones al Paraguay, resaltan que “la democracia no es un sistema que se ajuste al capricho de los Estados más fuertes”, como lo demostró Chávez, quien en un “gesto totalitario” decidió suspender el envio de petróleo de PDVSA.
Finaliza diciendo que “el gobierno uruguayo no puede cometer más errores”.