En diez días, presunto estafador recuperó su libertad

CIUDAD DEL ESTE. En diez días, el contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido por un caso de lesión de confianza, obtuvo nuevamente su libertad. La Cámara de Apelaciones le concedió prisión domiciliaria, con permiso para salir de su casa por 12 horas.

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La medida se cumplió el viernes. Él también está sindicado de ser “cerebro” de una mega evasión impositiva cometida por más de 280 empresas. En ambas causas, con la oposición de jueces de Garantías, apeló y consiguió medidas alternativas a la prisión.

El viernes, alrededor de las 17:00, Ignacio Urbieta Cantero (46) años, dejó la Penitenciaría Regional, a donde había ingresado el 03 de enero, luego de ser detenido en el microcentro. Fue a través del AI 05, de ese día, firmado por la jueza de la Niñez y Adolescencia del Cuarto Turno, de Ferias, Sandra Martínez de Sarubbi.

En el documento, la magistrada da cumplimiento al AI 09, del 12 de enero, dictado por la Cámara de Apelaciones integrada por los jueces Miriam Brítez, Aniceto Amarilla y Victoriana Céceres. Ellos ordenaron el arresto domiciliario de Ignacio Urbieta y autorizaron que él se ausente de su casa en el horario comprendido entre las 06:00 y las 18:00 de lunes a viernes, y los sábados, de 06:00 a 14:00, “a los efectos de desarrollar sus actividades laborales”.

En principio, el caso era responsabilidad del juez de Garantías de Ferias, Amílcar Marecos, pero éste fue recusado por la defensa de Urbieta. El expediente pasó a Sandra Martínez de Sarubbi, a quien pidieron una revisión de medidas y prisión domiciliaria, pero ésta no dio lugar a la solicitud. La decisión quedó entonces en manos de la Cámara de Apelaciones, que falló a favor del procesado.

Estas medidas alternativas a la prisión se dan en el marco de una causa investigada por la fiscala Liliana Denise Duarte, quien imputó a Ignacio Urbieta por lesión de confianza y pidió su captura el 29 de diciembre.

La representante del Ministerio Público había recomendado al Juzgado que si el procesado presentase una causión real suficiente, se aplicasen medidas alternativas a la prisión, específicamente arresto domiciliario, además de la medida cautelar real de prohibición de vender o gravar bienes por Gs.480.692.126, monto del perjuicio que habría causado el contador.

El proceso tiene origen en una denuncia presentada por Darío González Arguello, importador de vehículos. Acorde la imputación, debido a una separación y otras situaciones familiares, el 13 de abril del 2013, González abrió una nueva empresa, “Mundial Global HG Import Export” y contrató como contador a Ignacio Urbieta, quien debía realizar los trámites de inscripción de la firma ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para la importación de vehículos.

Pero, según la denuncia, Urbieta también registró a “Mundial Global HG Import Export”, sin consentimiento ni conocimiento de su dueño, bajo el régimen de turismo para la importación de electrónicos.

De este modo, acorde al acta de imputación, Urbieta imprimió talonarios enteros de facturas manejadas exclusivamente por él para una sucursal de la empresa que nunca hubo, simulando ventas, generando IVA falso y crédito fiscal. A la vez, realizó en documentos, la venta de vehículos por parte de Mundial Global HG a otras empresas que nunca fueron clientes del denunciante, pero sí eran clientes del contador.

Ignacio Urbieta es considerado por el Ministerio Público como “cerebro” de un esquema que permitió la multimillonaria evasión impositiva ejecutada presuntamente por más de 280 empresas. Tanto él como el contador Alfredo Brítez González, están imputados por producción de documentos no auténticos y asociación criminal, junto con la auditora externa Lilian Andresa Esquivel y Víctor Manuel Mármol, este último funcionario de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Tanto Urbieta como Brítez habían sido detenidos en marzo del año pasado por el caso de la mega evasión, pero en julio fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión. En el caso de Urbieta, la decisión fue tomada por jueces de la Cámara de Apelaciones, ya que la solicitud realizada por la defensa había sido denegada por el juez del caso, Marino Méndez. La Fiscalía también se había opuesto a que saliera en libertad porque consideraba que podría interferir en la investigación del hecho.

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