Son jóvenes adultos de entre 18 y 22 años cuyos procesos comenzaron ante la justicia como menores de edad infractores de la ley. Pueden darse varios casos, entre ellos que salgan con medidas alternativas siendo menores de edad y vuelvan a ingresar por violar esas medidas o por volver a cometer alguna infracción, o también pueden ser condenados cuando son menores y permanecer hasta las edades mencionadas.

Actualmente hay 23 jóvenes en esta situación en el Centro Educativo de Itauguá, de los cuales se solicitó a los juzgados el traslado de 10 de ellos porque ya no se adecuan a las normas de conducta y porque maltratan psicológica y físicamente a los más jóvenes. Según el director del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor, Orlando Castillo, pueden darse casos de abuso sexual, maltrato emocional y extorsión a los más jóvenes, que implica el pago de una cuota para no ser molestados.

Castillo señala que si bien en los centros educativos pueden permanecer hasta los 22 años, el artículo 199 del Código de Ejecución señala que esa permanencia estará sujeta al buen comportamiento, a la adecuación a las normas de un centro educativo, dijo.

“Deberían estar separados de los adolescentes, en algunos casos se les da medidas alternativas y vuelven a ingresar con mayoría de edad y deberían ya ir a un centro de adultos pero generalmente algunos jueces los envían aquí a pesar de que el comportamiento de los mismos no es el adecuado y tampoco ya se someten a las reglas para estar en un centro educativo debido a que tienen un manejo de adulto; la ley dice que el juez debe disponer el traslado por mala conducta y no lo están realizando”, afirmó.

El director del centro educativo, Daniel Zaracho, aseguró que no se pide el traslado de todos, sino de quienes ya no se adecuan a las normas. Dijo que realizan los informes de cada caso y los remiten a los juzgados, pero estos no dan respuesta, principalmente los de San Lorenzo y Luque, señaló.

Dijo que existen factores que los tornan más o menos conflictivos, como la abstinencia de drogas, los procesos estancados y la falta de visita de familiares. Sin embargo, cuando la situación se vuelve insostenible, dijo, es necesario trasladarlos.

“Son pocos los casos, pero en ciertos casos si les estamos diciendo que le hicimos este seguimiento (a un determinado interno), tiene 3 intentos de fuga, ha apuñalado con estoque a dos o tres adolescentes, está incitando a que los adolescentes obliguen a sus familiares a que paguen una cuota de extorsión, si estamos dándoles todas herramientas a los jueces, les estamos diciendo que necesitamos la colaboración de ellos mismos en la aplicación de la ley; nosotros ejecutamos, entonces le pedimos que asuman esa responsabilidad de cooperar con nosotros”, indicó Castillo.

Dijo que usualmente los jueces solicitan que los centros hagan los traslados de manera administrativa, sin las órdenes correspondientes. Dijo que no sabe a qué se debe el temor de los jueces en aplicar la normativa para el traslado, pero que es necesario que colaboren.