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Encuentran irregularidades

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La fiscal Sandra Ledesma amplió la imputación contra el exintendente de Yataity del Norte, Catalino Brítez Núñez, y otras personas. En la investigación de la causa se constataron irregularidades en cuanto al pago hecho por la comuna a varias firmas.

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La agente fiscal de la Unidad Nº 1 de San Estanislao, Sandra Ledesma, formuló la ampliación de imputación contra Brítez y otras personas más por supuesta lesión de confianza y estafa en el municipio de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, según informe difundido por el Ministerio Público.

En la misma causa fue imputado por supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, Luis Alberto Carbajal Barreto, quien se desempeñaba como secretario general de la comuna de esta localidad, al tiempo que Brítez administraba la Municipalidad.

También fueron imputados por la supuesta participación en el hecho de estafa Vicente González, Romina Mercedes González, Leopoldo Fabio Speranza Jara, Rodolfo Méndez González, Simón Sanabria Ruiz, César Mendoza Aquino, Marcos Antonio Mendoza. Todos dueños de empresas con las que el municipio realizaba presuntos pagos sobrefacturados por trabajos y servicios.

Sobre Luis Carbajal pesan sospechas de que en su calidad de secretario general de la comuna, habría refrendado, validado y autorizado conjuntamente con Catalino Brítez Núñez, las autorizaciones de los pagos a las distintas firmas que operaron con la Municipalidad de Yataity del Norte.

Durante la recolección de datos fueron detectadas irregularidades en cuanto a los pagos a las empresas, efectuados por Carbajal, por trabajos y servicios que no se realizaban bajo la autorización de Brítez Núñez, cuya gestión se desarrolló entre el 2011 y el 2015.

La investigación fiscal constató que entre los servicios y trabajos prestados por las empresas consistían en empastados, provisión de combustibles, carburantes, labores de arquitectura, ingeniería y planimetría, además de la construcción de puentes y caminos. También figura la adquisición de merienda escolar para escuelas públicas y la construcción de tres aulas en la Escuela Básica San Antonio con fondos del Fonacide, por un valor aparentemente sobrefacturado superior a los G. 900 millones.

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