La secretaría informó que el equipo de trabajo será integrado por fiscalizadores, técnicos en recursos hídricos y de la Dirección General de Biodiversidad, quienes se trasladaron para realizar monitoreos hasta la zona del río Confuso, donde se registró un alto índice de mortandad de peces.
Añade que los técnicos y autoridades de la Seam realizaron la toma de muestras de agua para la medición de parámetros básicos de su estado, como los niveles de potencial de hidrógeno (pH, parámetro físico-químico del agua), temperatura, conductividad OD (oxígeno disuelto) y TDS (total de sólido disuelto).
Dice que el equipo de la Seam realiza un recorrido por la zona de influencia del río Confuso, a fin de efectuar las verificaciones correspondientes e intervenciones necesarias en las fábricas e industrias que operan en la zona, con el fin de determinar su grado de responsabilidad en el fenómeno registrado.
Al respecto, el titular de la secretaría, Rolando De Barros Barreto, expresó que si las muestras recolectadas confirman que las aguas fueron contaminadas a causa de desechos arrojados por industrias que funcionan en la zona, estas se exponen a fuertes sanciones por los daños causados como resultado de la infracción a normas de índole ambiental.
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Añadió que la Seam brindará todos los datos necesarios para remitir el caso a la Fiscalía del Medio Ambiente, con el propósito de procesar e imputar a los responsables de esta situación.
La entidad estatal aclara que no es un ente recaudador, sin embargo, aplica "fuertes multas" a responsables por infracción contra el medioambiente.
Recordó que ya han realizado sanciones, resultados de procesos sumariales y que constituyen un horizonte de actuación que debe orientar la gestión de las actividades tanto públicas como privadas, puesto que la Seam se halla determinada a la aplicación de las herramientas legales, de las cuales se constituye en autoridad de aplicación.
La institución informó asimismo que durante esta administración se han ejecutado "multas históricas" por daño ambiental. Recordó el caso de una empresa que suministra combustibles, que fue sancionada y se determinó aplicar una multa equivalente al pago de 15.000 jornales mínimos diarios (G. 1.051.000.000), como consecuencia del derrame de hidrocarburos ocurrido en la planta, ubicada en la ciudad de San Antonio.