En julio de 2017 y a través de varios medios de prensa, el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informó sobre la detención de Édgar Armando Britos Sosa, de 30 años, supuesto integrante de la gavilla que perpetró el asalto contra la casa de cambios Salinas, ubicada en la galería Bonanza del Mercado 4 el 1 de junio de ese año.
De acuerdo a la investigación policial en aquel entonces, con su detención prácticamente se cerraba el círculo sobre los autores del asalto, se desarticulaba una peligrosa banda de maleantes y se dispuso su reclusión.
A partir de este momento inició la batalla de la defensa del joven a fin de demostrar su inocencia; en ese sentido el abogado Darío Báez Ferreira sostuvo en ABC Color que se cometieron groseros errores durante la investigación al solo objeto de mostrar resultados rápidos sin tener elementos de prueba contra su cliente.
Ferreira recordó que a partir de la rueda de reconocimiento de personas realizada 15 días después de la detención, la versión policial comenzó a desmoronarse, puesto que los propios representantes de la casa de cambios no lo reconocieron como uno de los autores del golpe, “le conocemos a él porque salió en todos los medios pero no es el asaltante”, fue una de las expresiones de los consultados.
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A este elemento de prueba se sumaron otros tales como cruce de llamadas que no lo relacionaban con ninguno de los asaltantes, como también el posicionamiento georreferencial de su teléfono, que lo ubicaba a Britos en el barrio San Pablo de Asunción el día del asalto en cuestión.
“Incluso la policía presentó a Edgar Britos como uno de los asaltantes que aparecían en el circuito cerrado, hicimos el cotejo de imágenes y se demostró de forma clara que no era Édgar Britos”, remarcó el defensor.
Finalmente, tras más de un año de diligencias varias, el Ministerio Público otorgó el sobreseimiento definitivo para Britos, aunque aún quedan secuelas de daños económicos, puesto que perdió una cantidad importante de clientes que acudían a su servicio de fletes y también la condena social en su contra.
Tras la absolución, el abogado estudiará la posibilidad de entablar acciones legales a quienes acusaron a su cliente.
