Los indignados repudiaron al parlamentario llanista, uno de los 58 diputados que votaron por la reglamentación de la pérdida de investidura, beneficiando así a su colega Carlos Portillo.

Para la Coordinadora de Ciudadanos Unidos de Itapúa, tanto Ortiz como los diputados Rubén Balbuena, Hernán Ricas, Walter Harms y Colyn Soroca, actuaron como cómplices de Portillo, permitiendo el autoblindaje parlamentario para este y los demás parlamentarios.

Ante esta situación, la organización insta a toda la ciudadanía de Itapúa a movilizarse contra los políticos corruptos.

Con la ley aprobada, se le otorga al Tribunal Superior de Justicia Electoral y al Ministerio Público, la atribución de analizar si hay méritos para la destitución de un parlamentario acusado.

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