Tras casi dos horas de discusiones en torno al proyecto de ley que amplia el concepto de Lavado de Dinero, Javier Coronel, director de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), advirtió a diputados y senadores que serían responsables de que el país sea “aplazado” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“Hablé con nuestro consultor internacional, le conté que hay mucha resistencia por motivos fundados y no fundados. Lo cierto y concreto es que si Paraguay no tiene legislado esto (el lavado de activos), estamos en la Lista Gris. Así de simple, cortito y sencillo”.
Así lo manifestó el funcionario ante los miembros de la Comisión Nacional de Reforma Penal y Judicial, que cada lunes estudia el paquete de proyectos antilavado. Dicho órgano, integrado por legisladores, ministros de la Corte, fiscales y voceros del Ejecutivo, busca llegar a un consenso antes que el Senado analice el paquete de proyectos el 7 de mayo próximo.
Coronel sostuvo que los legisladores y asesores jurídicos presentes, durante las objeciones al proyecto del Ejecutivo, presentaron argumentos más políticos antes que jurídicos. “Paraguay no va a aguantar estar en la Lista Gris”, señaló al recordar que Ecuador quiso eludir las recomendaciones internacionales por cuestiones ideológicas y en seis meses su gobierno se desesperó. Paraguay estuvo presente en la Lista Gris de países lavadores de dinero de 2008 a 2012.
Tras esto, inmediatamente repudiaron sus expresiones los senadores Desirée Masi (PDP), Sergio Godoy (ANR, Cartista), Jorge Querey (Frente Guasu) e incluso el oficialista Enrique Bacchetta (ANR, Añetete). Enrique Bacchetta manifestó que no tiene sentido el debate si el Ejecutivo quiere una aprobación sin consenso y abandonó el debate visiblemente molesto.
Desirée Masi exigió al funcionario retirar sus expresiones. “Con ese criterio yo puedo decir que la Seprelad también tiene que cerrarse por inutilidad o complicidad”, manifestó. Reiteró que el Senado no es “pasapapeles” del Ejecutivo ni de Gafilat.
Godoy incluso recordó que dentro del propio Poder Ejecutivo hay disparidad de criterios. Reveló que el ministro de Hacienda y hermano del presidente Mario Abdo Benítez, Benigno López, una vez le dijo que desconocía el paquete de proyectos y que la Abogacía del Tesoro se mostró en contra de uno de los proyectos.
A su turno, la presidenta de la Comisión Nacional de Reforma Penal, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), al evaluar los encuentros, sostuvo que hubo avances sobre los proyectos de penalizar el cohecho privado, el soborno trasnacional, la manipulación de mercados y la creación de juzgados especiales. Agregó que otros proyectos dentro del paquete no afectan el Código Penal, por lo que dejan esto a criterio de las comisiones internas del Senado.