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En el programa “Economía y más”, emitido por ABC Cardinal, el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley Merlo, manifestó –entre otras cuestiones– que el sector bancario del país mueve actualmente alrededor de US$ 40.000 millones, de los cuales US$ 3.400 millones corresponden al sistema previsional, que en la actualidad no cuenta con un mecanismo de supervisión o control.
Añadió que la forma como se maneja hoy día estos fondos previsionales, que incluyen a diversas cajas como IPS, Itaipú, ANDE, bancarios y la Caja Fiscal, “no es conveniente” en el largo plazo, puesto no se les establece ni límites ni controles a la colocación de estos recursos, que están a merced de sus respectivas administraciones.
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Añadió que la ley, a través de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, no pretende imponer el destino de las inversiones. Al respecto, aclaró que el consejo de administración del IPS, por ejemplo, mantendrá todas sus atribuciones. "Solo establece límites máximos a esas inversiones, de forma a proteger los fondos previsionales.
Por su parte, Mirta Arias, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y representante de trabajadores municipales dentro de la central, afirmó que “no están ajenos” a la creación de un sistema de control, pero el Gobierno ignora en el proyecto otras cosas importantes, como la evasión de la seguridad social, la mala situación del seguro de salud, como sucede en IPS, etc.
Criticó el hecho de que de repente el Gobierno, "sin previo aviso", haya reactivado un proyecto que adolece de muchos cuestionamientos y que no fue socializado lo suficiente.
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Añadió que, además otorga un “poder discrecional” al futuro superintendente, y ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin ninguna modificación ni se tuvo en cuenta las objeciones y propuestas de los sectores afectados.
“Estamos en contra de una ley que se busca aprobar ‘a tambor batiente’ por un Parlamento que se está yendo”, aseveró igualmente la dirigente sindical.
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