Los ediles sanlorenzanos aseguran que existen suficientes indicios de hechos de corrupción que deben ser aclarados. En ese sentido, Quiñónez afirmó que la intervención es la mejor vía, por lo que enviará copias a la Cámara de Diputados, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República (CGR).

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Gustavo Sosa, ciudadano independiente, expresó su repudio ante la gestión de Albino Ferrer. "En su tercer periodo, su legado es negativo. Sufrimos con las inundaciones, las calles están en estado deplorable y vergonzoso. San Lorenzo es una ciudad pujante y no podemos vivir así. Hay escuelas en estado calamitoso y nunca hubo un apoyo visible por parte de la Municipalidad. Voy a participar de la sesión para escuchar las denuncias. Ferrer es un grandísimo mentiroso", manifestó.

Con respecto al presidente de la Junta Municipal, Carlos Ferreira (ANR, cartista), de la misma línea de Ferrer, el ciudadano indignado dijo que duda "que pueda aportar algo positivo para la intervención". También señaló que Ferreira sería candidato en las próximas elecciones municipales.

Con los doce concejales presentes, la sesión se inició a las 9:00 puntualmente.

La Contraloría General de la República, desde hace cuatro años, no controla la institución debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comuna. Luego de sendos informes de la CGR, que dejaron al descubierto maniobras ilegales que fueron pie de procesos judiciales, estos fueron cajoneados.

Según el informe de una auditoría hecha por la CGR, Ferrer usó G. 8.485 millones del Fonacide en 2013, sin llamar a licitación. Además, en 2011, la CGR solicitó la intervención de la Municipalidad a la Cámara de Diputados y al Ministerio del Interior porque Ferrer no respaldó gastos por G. 12.573 millones.

En base a un informe, fue procesado por la presunta compra fraudulenta del polideportivo Osaka, pero la Fiscalía no hizo su trabajo en forma y quedó impune.