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Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal Laury Vázquez de Brizuela por haber imputado al conductor de un transporte escolar por abuso sexual en niño y por otro lado, por, según acusan, intentar dejar impune una denuncia sobre acoso sexual supuestamente ocurrido en el Colegio Nacional de Boquerón, distrito de Caazapá.
Según los datos proporcionados por los manifestantes, el conductor de un transporte escolar identificado como Roque Marcelo Pereira fue acusado por la madre de una niña de haberla pinchado en varias zonas del cuerpo incluyendo en su parte íntima.
La imputación fue presentada al juez de garantías Claudio Villalba de Caazapá 45 días después de la denuncia, señalaron los manifestantes.
La madre no pudo precisar dónde ni cuándo ocurrió el supuesto abuso contra su hija. Los familiares del acusado presentaron el bus escolar como prueba debido a que tiene sistema de circuito cerrado y todo lo que ocurre adentro queda registrado. Según los defensores del chofer, el peritaje reveló que tal cosa no ocurrió dentro del bus.
Los manifestantes, unas 70 personas, se instalaron frente al local del Ministerio Público y exigieron que la fiscal saliera a explicar porqué imputó al conductor "sin pruebas" y aseguraron que no van a parar hasta que sea destituida o renuncie.
A los manifestantes se unieron varias pobladoras de la compañía Boquerón exigiendo también la renuncia de la fiscal Laury Vázquez porque aseguran que intenta dejar impune el caso de la denuncia de coacción sexual contra una estudiante del Colegio Nacional de Boquerón. En este caso está involucrado el profesor Jorge Sosa, director designado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Las madres señalaron que la fiscal pidió el sobreseimiento provisional que fue aceptado por la jueza Lilián Servián. Esta decisión fue anulada por la Cámara de Apelaciones. Precisamente por este caso la fiscal Laury Vázquez y la jueza de Garantías de Caazapá Lilian Servián están siendo enjuiciadas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Por su parte, la fiscal Laury Vázquez dijo que existe sospecha suficiente contra el imputado, quien se encuentra con orden de captura y rebeldía. Agregó que acepta que se haga una manifestación en su contra, pero que "el vandalismo es otra cosa". Existen las herramientas legales validas para cuestionar su labor, pero con actos vandálicos queda muy mal, sostuvo la agente fiscal.
Además de la manifestación frente al Ministerio Público el grupo después se traslado frente a la casa de la fiscal y finalmente a la casa de la víctima.