Denuncian que exintendente evade investigación en el cartismo

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SAN PEDRO. El exintendente de Santa Rosa del Aguaray, Mario Benítez (ANR), acomodado en las carpas del oficialismo, logra dilatar la investigación sobre la denuncia de malversación de los recursos del municipio durante su administración, denuncian.

En enero del año 2014, la coordinadora multisectorial, compuesta por diferentes actores y sectores de la sociedad del distrito de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), había iniciado la campaña “Donde está la plata”, cuestionando la administración del intendente en aquel entonces Mario Benítez (ANR), pero con chicanas, con la pasividad de los organismo del Estado y actualmente “arropado” en las carpas del oficialismo, el político logra dilatar el proceso de investigación, según denuncian.

La administración de Benítez recibió en el año 2013 más de G. 2.100 millones, entre royalties y Fonacide pero no se han observado inversiones en obras en el distrito, mientras que en el año 2012 había recibido unos G. 898 millones en Fonacide y G. 2.278 millones en royalties, sobre lo que se centran las denuncias por malversación.

El sacerdote Cristhian Paiva, uno de los referentes entre los denunciantes, lamenta la lentitud de la justicia. “No avanza nada, nosotros tenemos que estar detrás de las autoridades insistiendo para que hagan su trabajo, pero igual no pasa nada. Hemos juntado y acercado documentos y formulamos denuncias en la Contraloría y Fiscalía, pero no hay resultados hasta ahora”, lamentó.

También Paiva sospecha que todo se dilata ya que el político está trabajando en el oficialismo. “Sospechamos que nada avanza porque el exintendente trabaja en el oficialismo y por ese lado seguro logra trabar para que nada avance”, manifestó.

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En enero del año 2013 se presentó la denuncia y comenzó la investigación con el fiscal Carlomagno II Alvarenga, pero en poco tiempo ya fue recusado por la defensa del intendente en su momento. Luego, en julio del año 2015, fue reconfirmado el agente Carlomagno II Alvarenga por la Fiscalía General del Estado. Pero siempre buscando dilatar el proceso, el político colorado oficialista, apeló ante la Corte la decisión de la Fiscalia General.

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible la apelación, pero recién en mayo de este año el Ministerio Público de Santa Rosa del Aguaray tuvo la notificación.

En el mes pasado (junio) fue convocado el colorado Mario Benítez para la audiencia indagatoria, pero no se presentó en el primer llamado. Luego, en la segunda convocatoria, acudió sin abogado y recién en la próxima semana volverá a ser llamado por la Fiscalía con presencia de un profesional del derecho para su indagatoria. Actualmente la denuncia está en la unidad penal II del Ministerio Público de Santa Rosa del Aguaray, a cargo del agente fiscal Néstor Narvaez.

Antecedentes

La multisectorial en el 2013 denunció al intendente Mario Benítez ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales Martín Cabrera, de Delitos Económicos, y Carlomagno II Alvarenga investigaban la gestión municipal y en marzo del 2014 la comitiva fiscal allanó la Municipalidad, pero no encontró documentos y tampoco a Benítez. Los funcionarios dijeron que todos los documentos estaban en poder de la CGR. Luego, en mayo del 2015 volvieron a allanar la Municipalidad y otra vez no pudieron encontrar documentos, ni al intendente.

Tras esa situación, el Ministerio Público había ordenado la captura del intendente, lo que obligó al político colorado a presentarse y entregar los documentos a la Fiscalía.

Luego, el cuestionado intendente recusó al fiscal Carlomagno II Alvarenga, por supuesta “falta de objetividad, amistad manifiesta con los denunciantes y por su odio hacia el intendente”. Recusó también al fiscal adjunto Marco Alcaraz, con el objetivo de impedir que prosiga la investigación que soporta por lesión de confianza. Luego de dos años de la denuncia, el fiscal Carlomagno II fue reasignado en el departamento de Concepción, y la fiscala Fani Aguilera quedó como interina en el caso. Ahora pasa en manos del fiscal Néstor Narváez.