Exintendente de Acahay sigue prófugo

El exintendente de Acahay Alejo Fretes continúa prófugo, luego de que el viernes se decretara su rebeldía y orden de captura ante su resistencia a ponerse a disposición de la justicia. El liberal es buscado por malversación de fondos del Fonacide.

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El fiscal Rafael Ojeda dialogó con ABC Cardinal, ocasión en que se refirió al caso de Alejo Fretes, ex jefe comunal de Acahay, actualmente imputado por lesión de confianza y declarado prófugo de la justicia por malversación de fondos del Fonacide y royalties durante su administración. “Ahora el exintendente está prófugo”, indicó.

Según mencionó el agente del Ministerio Público, el juez de garantías Víctor Vega decretó la rebeldía del político liberal debido a que se ausentó en dos ocasiones a una convocatoria a declarar. “Dos veces eludió... Presentó certificado médico de reposo pero el documento carece de credibilidad”, manifestó.

La investigación se inició en abril luego de detectarse irregularidades en la administración municipal anterior. “No hay documentos que respalden los gastos en obras y otros conceptos usados”, señaló para luego mencionar que se habla extraoficialmente de al menos G. 1.000 millones de daño patrimonial.

El fiscal mencionó que la imputación por lesión de confianza se formuló luego de confirmar -mediante un informe de la Contraloría- las numerosas falencias detectadas durante la gestión de Alejo Fretes en lo que se refiere a la administración de fondos. Según comentó, se deberá constatar posteriormente si realmente se ejecutaron las obras presupuestadas, como construcción de escuelas. “El intendente no habría dejado documentación en la municipalidad cuando se retiró”, mencionó.

Las irregularidades que salpican a Alejo Fretes saltaron a la luz cuando en 2015 la Junta Municipal de Acahay rechazó la ejecución presupuestaria del ahora exintendente debido a la falta de documentos respaldatorios sobre los gastos. Este hecho posteriormente fue denunciado ante la Contraloría General de la República (CGR), cuyos funcionarios constataron la falta de documentos que respalden el uso de los rubros del Fonacide y royalties.

El Ministerio Público impulsó la pericia contable y arquitectónica de las obras, a fin de cuantificar de manera exacta el aparente daño patrimonial.

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