Juan Ignacio Livieres, director de Asuntos Consulares de la Cancillería, aclaró en contacto con ABC Cardinal que el decreto en cuestión aún no fue publicado, por lo tanto no tiene vigencia. No obstante, consideró que “en principio podría traer consecuencias especialmente el congestionamiento en las fronteras y eso nos preocupa”.
El funcionario sostuvo que el país vecino puede aplicar las medidas que crea conveniente en el ejercicio de su soberanía, como también lo hacen otros países. “No conocemos los pormenores del decreto, supongo que se limitará a quienes tengan orden de captura o cuentas pendientes con la Justicia”, agregó.
Livieres recalcó que la Cancillería aguarda la oficialización de la ley en el vecino país, para pronunciarse al respecto, desde las más altas partes.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que el endurecimiento de los controles migratorios apunta a impedir el ingreso de personas vinculadas a delitos tales como tráfico de drogas y trata de personas, “toda persona extranjera que cometa delitos va a tener un trámite rápido de expulsión”.
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Según la titular de Seguridad, a Argentina llegan “peruanos y paraguayos que terminan matando por el control de la droga”, por lo que centró el objetivo de su cartera en reducir “la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico”.
El anuncio generó disgusto a nivel diplomático. El primero en pronunciarse contra la medida fue el cónsul boliviano en Buenos Aires, Jorge Ramiro Tapia, quien asegura que la secretaría de Estado del vecino país pretende estigmatizar a los extranjeros residentes en la Argentina.