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Se trata de Ariel Boitheux (35), de nacionalidad argentina, cuya extradición al país norteamericano se concretó a las 12:30 de este jueves, en cumplimiento al oficio N° 1365, emanado el pasado 12 de julio del Juzgado Penal de Garantías Especializada en Delitos Económicos de Segundo Turno, a cargo del juez José Agustín Delmás Aguiar.
Efectivos de Interpol trasladaron al detenido a las 10:20 al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde posteriormente se procedió a la entrega a los agentes federales de los Estados Unidos.
Una vez finalizado el operativo y cumpliendo con las normativas y protocolos aeroportuarios, los agentes estadounidenses lo hicieron abordar un avión con matrícula N481SC que arribó a nuestro país en un vuelo charter para el mencionado propósito. La aeronave despegó a las 10:45.
También se hicieron presentes en la terminal aérea para el proceso de extradición, el agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, la fiscala delegada de Delitos Informáticos, Irma Llano, el médico forense Rosalino Pinto y el agente en representación de la Embajada Americana, Alberto Wottrich.
De acuerdo a los antecedentes, Ariel Boitheux integraba una banda que hacía “trabajos” de brujería cibernética, modalidad conocida en Paraguay como “payé cheto”, conformaba por argentinos y paraguayos.
El caso se inició oficialmente en agosto del año pasado, con una denuncia atendida por agentes especiales de la agencia federal Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, cuya traducción es Investigaciones de Seguridad Nacional. Esta agencia, a su vez, es una de las componentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encuentra bajo jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este último estamento tiene rango de ministerio y, por ejemplo, administra el famoso Servicio Secreto que protege a los presidentes norteamericanos.
Las páginas web involucradas son Amarre.com, Amarres.com y Brujovip.com, dedicadas a ofrecer “servicios” de rituales de brujerías cibernéticos, cuyas consultas oscilan entre los 250 dólares y 300 dólares, según dijeron policías de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, que encararon la pesquisa en nuestro país.