Recordó que un año antes de ser auxiliada mediante la intervención de un sobrino, su representada pidió ayuda en la comisaría de Caraguatay, donde le hicieron participar en una suerte de acuerdo conciliatorio, totalmente irregular.

“En el 2014, ella hace una primera denuncia (asesorada por otra abogada) que no prosperó porque en la comisaría de Caraguatay le fabricaron un acuerdo que no existe en derecho, pero fue así. Entonces, ella no pudo desligarse, no pudo defenderse, no pudo protegerse y volvió a la casa, volvió a someterse, a ser maltratada. Lastimosamente, ella contrata a una persona que tenía que asesorarla y sale en su contra, entonces ella se quedó más atrapada. No sé por qué esa persona trató de mediar, o está muy a favor del matrimonio aunque sea con violencia, pero está totalmente errada y le perjudicó bastante porque la sometió más y tuvo que quedarse ahí y fue mucho más torturada por lo que hizo, porque se animó a hablar”, comentó.

La abogada explicó que recién en el año 2015, cuando ya fue más grave la violencia, su clienta fue asistida por un sobrino que le acompañó a hacer la denuncia en un juzgado de paz y solicitar la exclusión del hogar de su marido.

Soto dijo que, pese a que la legislación obliga a intervenir inmediatamente, también hubo dilación en el Juzgado de paz, y hasta para lograr la efectiva exclusión del hogar tuvo que recurrir a la Comandancia de la Policía Nacional, porque los policías de la zona no se animaban a intervenir porque el denunciado era violento y solía estar armado.

“Todo fue muy difícil. Yo acompañé personalmente el proceso y estaban tres policías; daban vueltas y nada. Les digo: 'Necesitamos cumplir la orden ya. ¿Qué es lo que están esperando?', y el policía me dice: 'No podemos cumplir esa sentencia porque le tenemos miedo a ese señor'. La señora estaba todo ensangrentada, llena de moretones. Llamo a la Comandancia, conté lo que pasaba, en un momento llegan cinco patrulleras de distintas zonas como un operativo comando a cumplir la orden y en la casa ya no estaba el señor. Él llevó todas sus pertenencias, todo el dinero, todas las armas, había un arsenal, quitó de los estuches, había una ballesta, había catálogo de armas”, recordó.

Soto también criticó la investigación del Ministerio Público, que llegó a tener tres fiscales, que muy poco hicieron para esclarecer el caso, ni siquiera para urgir resolución a la Corte Suprema de Justicia, donde el caso está desde agosto del 2016. Destacó que casi todas las diligencias fueron realizadas prácticamente por impulso de la querella.

La abogada cuestionó igualmente las medidas sustitutivas a la prisión concedidas al acusado un mes después de que se haya decretado su prisión.

“El julio del 2015 se dicta prisión preventiva, se va a Emboscada, y un mes después pide medidas con un certificado médico de que era fumador crónico, pero nunca fumó y que tenía presión alta. La jueza Blanca Báez de Caacupé le dio medidas que no corresponden, porque la ley no permite, pero le dio arresto y luego libertad ambulatoria. La Fiscalía no hizo nada”, dijo, tras comentar que no apeló para no entorpecer el proceso, porque su principal objetivo era llegar al juicio oral.

El caso está actualmente a cargo del fiscal Marcelo García de Zúñiga, quien explicó que hace dos meses recibió el caso y que el mismo está paralizado en la Corte. Ahora espera el juicio oral y público, que está a cargo del Tribunal integrado por Magdalena Narváez, Antonio Benítez López y Alfredo Benítez Fantilli.

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