Integrantes de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) informaron este martes acerca de los resultados de la pericia que realizaron tras la intervención de la entidad de gestión colectiva Autores Paraguayos y Asociados.

Librado Sánchez, interventor de la Dinapi, manifestó que tras la pericia realizada de enero a julio de 2016, se detectó un faltante de 2.082 millones de guaraníes.

Esta cifra se obtuvo de la diferencia entre los ingresos y los egresos documentados, en base a las presentaciones documentales que proporcionó la administración suspendida ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.

“Estamos convencidos de que dentro de esos G. 2000 millones está incluido el faltante del hurto realizado en la caja del día 27 de junio, durante la asunción al cargo de esta administración”, manifestó Sánchez, al tiempo de agregar que en esta cifra se engloban otros faltantes que ya se habían mencionado en su momento de cheques extraídos en efectivo de entidades bancarias, y que se tienen documentados.

“Esta información está disponible para la Fiscalía, de tal forma a que se pueda realizar la pericia a través del laboratorio forense”, manifestó el interventor.

El abogado de APA, Miguel Ayala, presentó una querella adhesiva en contra de las personas, que hoy están imputadas pro el caso APA, y que son las siguientes: Alcides Roa Luis, Alberto Barrientos, Librada Giménez, Juan Manuel Coronel, Víctor Manuel Aquino, Celia Norma Riveros y Patricia Celeste Romero.

La directora de la Dinapi, Patricia Stanley, insistió en que la Fiscalía tiene que imputar a los culpables. “A nuestro criterio no está imputada toda la gente que debería. Faltan el tesorero, el director administrativo y los anteriores miembros de la comisión directiva. Hay una responsabilidad civil y penal”, advirtió Stanley.

La directora recalcó que una vez que se demuestre la culpabilidad de estas personas “tienen que responder civilmente por lo faltante y reponerlo a la cantidad” pues actualmente APA tiene numerosas deudas que no se pueden cubrir.

“De acuerdo a lo que nos informaron los editores, se les está debiendo a los editores internacionales 5 millones de dólares y a las entidades de gestión colectiva 10 millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de dólares de deuda al exterior”, confirmó Patricia Stanley.