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En dicha audiencia se resolverá si la causa se eleva o no a juicio oral. Están procesados y podrían afrontar un nuevo juzgamiento los condenados a 14 años de prisión, expresidentes de la Cajubi, Víctor Daniel Bogado Núñez, y Mariano Damián Escurra Vicésar, así como los exmiembros del directorio penados a 12 años de cárcel Félix Juan Villamayor Gabaglio, Walter Elías Delgado Añazco y César Amílcar Bejarano Filippi.
También el condenado a 10 años Ricardo Antonio Pereira Poletti y los sentenciados a 8 años José Salvador Alonso, José Szwako Demiañuk y Pabla Mieres de Scavenius; y el condenado a 3 años Édgar Rolando Mengual Herken son investigados bajo la misma causa.
Aurelio Ramón Sosa Álvarez, quien no enfrentó el primer juicio oral por problemas de salud, está igualmente acusado por lesión de confianza.
En su mayoría estos condenados cumplen arresto domiciliario debido a la resolución de la jueza suspendida Lourdes Scura, quien había otorgado dicha medida incumpliendo la ley de ejecución penal.
A raíz de ello la Corte había ordenado una investigación a la Dirección de Auditoría, la cual corroboró la existencia de irregularidades en la concesión del arresto, por ello se dispuso la remisión de los antecedentes de la jueza de ejecución Lourdes Scura al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público. La misma fue suspendida de sus funciones.
La acusación del Ministerio Público, ejercida por la fiscala Victoria Acuña, indica que el perjuicio causado a través de la firma First Canadian fue de unos C$ 1.700.000 (dólares canadienses) para realizar “operaciones de alto rendimiento”.