Senado retira fueros a Carlos Filizzola

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La Cámara de Senadores despojó de sus fueros al legislador del Frente Guasu Carlos Filizzola, imputado por el caso de compra de helicópteros.

A pesar de que el senador pidió a sus colegas votar a favor del desafuero, se defendió durante el debate diciendo que no realizó ningún acto ilegal en la compra de los helicópteros. 

“La imputación en mi contra se hizo con un documento falso (...) Inclusive el fiscal dijo que era un borrador”, apuntó.

El senador colorado Enrique Bacchetta, como vocero de la subcomisión de Asuntos Constitucionales, dijo que por el análisis de forma y fondo de la denuncia decidieron dictaminar a favor del desafuero.

“Existen, en el fondo, muchos elementos controvertidos, por lo que creemos que Carlos (Filizzola) debe someterse a la justicia”, manifestó Bacchetta.

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Por su parte, el senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro, dijo que en este caso es grave la denuncia porque todo apunta a que el colega debe “probar su inocencia”, ya que la denuncia se basa en un borrador de un documento. “(Fiscalía) imputó por una cláusula que no existe en el contrato válido”, dijo.

Así también se refirió al texto en sí de la imputación, en la que solamente se destina cuatro líneas a los hechos que se le atribuyen a Filizzola. “No hay una sola línea de una sospecha razonable. Son afirmaciones superficiales, antojadizas, oportunistas y mediocres”, dijo.

También el senador del Encuentro Nacional, Eduardo Petta; la senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez; y el liberal Luis Alberto Wagner, defendieron a Carlos Filizzola, desestimando la denuncia.

El voto se realizó finalmente de manera nominal. Con 36 votos a favor del desafuero, cuatro en contra y una abstención, el plenario resolvió dejar al senador Filizzola sin su inmunidad parlamentaria.

El parlamentario denunció ayer ante el Ministerio Público que se usaron documentos falsos para imputarlo en este caso.

Según la Fiscalía, Filizzola –junto con el ministro del Interior que lo precedió, Rafael Filizzola– habría cometido un daño patrimonial contra el Estado por valor de unos G. 50.000 millones. 

Tal monto le fue desembolsado a la firma Proibérica S.A., representada por Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, quienes están imputados igualmente.