El proyecto de ley que establece controles al financiamiento político, cuyas disposiciones no se podrán aplicar en las próximas internas del 17 de diciembre ni en las elecciones generales del 22 de abril de 2018, fue aprobado en la fecha con modificaciones, por lo cual retorna a la Cámara Baja.
Los cambios introducidos son, por ejemplo, que la Secretaría de Estado de Tributación no tenga facultades para habilitar a candidatos, sino simplemente monitorear el movimiento financiero de los candidatos y partidos.
Además se elevó de 7.000 a 10.000 jornales mínimos el aporte máximo por persona para las candidaturas políticas, informó el periodista de ABC Cardinal, Edgardo Romero.
Finalmente los senadores decidieron que no puedan aportar a las campañas proselitistas las personas condenadas por la justicia. Cabe recordar que los diputados establecieron que los acusados por hechos punibles ya no tengan derecho de dar dinero a los partidos.
Con estos cambios, el proyecto retorna a la Cámara de Diputados para su estudio. En esta instancia solo pueden aprobar o rechazar los cambios introducidos en el Senado.