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El procedimiento se produjo en el Riacho Jakaré, a unos 400 metros de su desembocadura en el río Paraguay, cuando la comitiva realizaba el control de cumplimiento de la veda de pesca. Al informarse que la barcaza pertenecía a Fredy Arnaldo Ríos Lugo, lograron comunicarse con él por vía telefónica. Ríos Lugo solicitó hablar con el Fiscal, manifestándole que se trasladaría al lugar para dialogar con el representante del Ministerio Público.
Tras una espera de 40 minutos, se apersonó en el lugar Ríos Lugo a bordo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, de color negro, con chapa N° BPB 171. En el lugar entregó las llaves de los compartimientos de la embarcación, corroborándose que la misma trasladaba una gran carga de combustible. Inicialmente el dueño de la barcaza pidió "negociar" con el fiscal para la liberación de la carga.
Ante la negativa del representante del Ministerio Público, que le informó que se encontraba detenido, Ríos Lugo desenfundó un arma de fuego apuntando a la humanidad del agente fiscal y a otros integrantes de la comitiva. Posteriormente el sujeto se dio a la fuga a bordo de su camioneta.
El fiscal lamentó la actitud de la Policía local, cuyos integrantes a pesar de la urgencia del caso, tardaron aproximadamente una hora en hacerse presentes en el lugar, alegando excusas como la falta de combustible para las motos o problemas mecánicos. Llamativamente, a pesar de las escasas vías de salida y las dificultades que estas plantean, tampoco la Policía Nacional había logrado detener al prófugo a horas de su escape.
La causa abierta "Fredy Arnaldo Ríos Lugo, sobre supuestos hechos punibles, contra la restitución de bienes (Reducción). Contra las bases naturales de la vida humana (Ensuciamiento y alteración de las aguas, procesamiento ilícito de desechos), contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos (Producción de riesgos comunes). Y contra la administración pública (Resistencia) en Alberdi.
Ríos Lugo sería imputado en las próximas horas. La llamativa actitud del personal policial que puso en riesgo la vida de los intervinientes, sería informada a los superiores por el representante del Ministerio Público. El ordeño de combustible es un delito común en la zona ribereña del Ñeembucu.