De esta manera Cazal sale al paso de la acusación por parte de dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Concepción, que lo sindican como cabeza del desalojo a Robustiano González, propietario de unas 20 hectáreas en Arroyito. El desalojo fue firmado por el juez Walter Peña por problema de deudas.

El fiscal antisecuestros señaló que la primera que se ocupó del caso fue la fiscala Carolina Quevedo, posteriormente el fiscal Carlos Magno Alvarenga y ahora el fiscal Pablo René Zárate. Recalcó además que cumple funciones en la unidad antisecuestros hace más de un año y por ende esta ajeno a procedimientos fuera de ese ámbito.

Los agremiados a la organización campesina mencionaron a Cazal en la pasada manifestación frente al Crédito Agrícola de Habilitación, ocasión en que exigieron la devolución de las 20 hectáreas a la familia González.