“Como gremio de fiscales rechazamos las aseveraciones de los diputados. Los compañeros y compañeras hacen procedimientos en el marco de la ley”, enfatizó el fiscal Ricardo Merlo, en relación a las críticas por parte de los diputados, quienes dijeron este miércoles que muchos fiscales tienen una actitud que inspira poca confianza y se dejan guiar por presiones políticas. Además, dijeron, que muchos investigadores toman acciones impulsivas y con desconocimiento de la ley.
Añadió en referencia a sus colegas que “es entendible que los están en un proceso penal tengan un criterio que sea el más objetivo”.
Aseguró que los investigadores del Ministerio Público hacen procedimientos “imputan e investigan sin importar que sean políticos. Hacen su trabajo incluso a riesgo de su vida. Confrontar trabajos con crimen organizado es un trabajo que requiere mucho valor. Si están desafiando al crimen, tiene muy poco sustento que cedan a presiones políticas”, manifestó el representante de los fiscales.
El fiscal no dejó de reconocer que puede que exista alguna situación e intento de presiones, pero “están los mecanismos adecuados para corregir estas situaciones”, aseveró.
En otro momento de la entrevista, lamentó la forma en que se maneja el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Según el investigador, el JEM “tiene artículos que violan directamente las garantías del Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional”. Añadió que para resolver esta dificultad, se debe “corregir el problema estructural a través de una modificación legislativa y cotejando lo que es ley hoy en la República”, dijo.
Ejemplificó que, entre las cosas que se incumplen al momento de juzgar a los fiscales, se encuentran “el derecho a ser oído, y a poder explicar sus acusaciones”.
“Actualmente en el JEM se hacen suspensiones sin siquiera oír a los fiscales, se hacen violaciones a leyes vigentes. Hay cuestiones incomprensibles, como que se reabren denuncias que han estado guardadas seis años. Esto se convierte así en una excepción a la prescripción, que es igualable a crímenes de lesa humanidad. Un narcotraficante tiene más garantías que un fiscal o un juez”, lamentó el investigador.
Aclaró que la asociación de fiscales no está en contra de que el JEM haga su trabajo, pero independientemente a eso los fiscales agremiados estarán “velando porque se realice un debido proceso”, finalizó