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En este accidentado contexto inició la primera reunión de las Comisiones Nacionales de reforma Penal y Judicial que estudian el paquete de 12 proyectos presentados por el Ejecutivo con el fin de impedir que Paraguay regrese a la “Lista Gris” de países lavadores.
La mesa, que es presidida por los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Ramón Romero Roa (ANR), solo pudo estudiar parcialmente un proyecto de ley a lo largo de la mañana y la tarde.
Senadores y jueces fueron principales críticos a las propuestas calificadas de “enlatadas”; “llena de ambigüedades” y “subjetivas” que estarán sujetas a la “interpretación” y no a la “realidad del país”. Los magistrados presentaron propuestas paralelas que serán estudiadas ante el pleno de la Cámara de Senadores el 7 de mayo próximo.
El punto más temido por el empresariado, eliminar la “Prejudicialidad” sobre la evasión de impuestos, será debatido en audiencia pública el miércoles 23 de abril.
El exdiputado Eber Ovelar (ANR) representante del Ejecutivo, visiblemente frustrado “rogó” avanzar en el debate. Tras un receso y almuerzo en el Congreso, se acordó una agenda más estricta y una metodología de debate más disciplinada para el próximo lunes, fecha de la siguiente reunión conjunta.
Desirée Masi (PDP) cuestionó que las normas a ser analizadas incluirían como precedente de lavado de dinero a cualquier delito y repudió que las propuestas no tengan exposición de motivos. “Respeten a este poder del Estado, queremos saber quién escribió esto”, dijo. También reprendió a Eber Ovelar por no reconocer que en el Ejecutivo “se equivocaron”.
La jueza María Mercedes Buongermini expresó su miedo a la terminología que, a su criterio, parecía una mala traducción de leyes y acuerdos de otros países. Ella fue la encargada de presentar propuestas más puntuales.
El senador Sergio Godoy (ANR, cartista) cuestionó que se desconozca quién realmente elaboró y presentó estos proyectos de leyes.
Fue Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) quien advirtió que con este tipo de debate las comisiones nacionales no tendrían dictámenes listos para el 7 de mayo, fecha en que el pleno del Senado debe analizar el paquete de leyes.
El senador Jorge Querey (Frente Guasu) advirtió a su turno que esta redacción traerá una discrecionalidad peligrosa para aplicar la ley.
“De seguir así esto lo vamos a aprobar en el 2023”, dijo finalmente la diputada Rocío Vallejo, quien ratificó que las normas deben ser aplicables y no un “garrote”.