En caravana, los manifestantes acudieron hasta la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este para exigir que avance la investigación contra los exintendentes de Presidente Franco (Alto Paraná) Alcides Fernández López y Abraham Alegre (ambos de la ANR), que habrían robado unos G. 15.000 millones durante su gestión.
“La deuda consiste en G. 7.000 millones, solo la deuda, y uno de los peritos que ya presentó su informe, el perito contable (que encontró un faltante de) G. 4.000 millones. Fácilmente alcanzaríamos unos G. 15.000 en dos años”, indicó María Fernández, concejala de la ciudad y referente de un grupo de ciudadanos organizados.
Los mismos reprochan además que la Fiscalía apenas imputó por lesión de confianza, siendo que hay indicios firmes de al menos otros cuatro delitos como estafa, pago indebido de honorarios, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos.
“Se hizo una auditoría interna y había sido las facturas ellos clonaban, falsificaban, hacían copia y llenaban con supuestas compras y así robaban. Ya están las facturas clonadas comprobadas por perito. Falsificaban firma de los funcionarios para extraer dinero supuestamente para viáticos; vinieron ya a declarar como testificales estas personas a las que se le falsificó su firma”, indicó Fernández.
Otro modus operandi habría sido el pago indebido de honorarios. “Unos G. 660 millones le pagó a un abogado, buscamos en la municipalidad y no hay registro de ningún trabajo en la Comuna. Es decir que aquí se despilfarró la plata del pueblo franqueño”, reprochó.
Remarcan que la Fiscalía está más empeñada en encubrir a los “politiqueros” que en hacer justicia. Incluso, recordaron que el pleno de las autoridades comunales fueron a pedirle al propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, que se siga el proceso, pero que aun así tuvieron cajoneado el caso por 3 ó 4 meses. Solo recién después de que hicieron una manifestación en la capital, ese mismo día se imputó a los exintendentes.
“Si no era por la querella adhesiva, nosotros no íbamos a poder intervenir en este proceso. Fuimos y sacamos del depósito del Ministerio Público y desempolvamos la carpeta fiscal, porque la idea era guardar en el freezer hasta tanto venza el plazo y sea sobreseído. Esa es una modalidad del Ministerio Público, es un esquema para blanquear a los bandidos”, acusó finalmente.