Víctor Smijezek, de 59 años, acompañó a su esposa a un control de rutina en el Hospital Central, sin imaginar que sería víctima de la inseguridad en las propias instalaciones de la entidad.
La pareja llegó a las 14:30 de ayer e inmediatamente estacionó su Hyundai Santa Fe en el mangal ubicado a un costado dentro del predio, un amplio estacionamiento supuestamente cubierto por guardias de seguridad pagados por los asegurados. Pero aparentemente nada fue suficiente, ya que los malvivientes violentaron el vehículo -con alarma activa- en un área controlada y aparentemente tuvieron el tiempo suficiente para desmontar el autorradio y buscar otros objetos de valor en el habitáculo.
Tras la consulta médica de rigor, el hombre se disponía a retornar a su casa junto a su pareja, a las 17:40, momento en que se encontró con su camioneta con uno de los vidrios destruidos, las puertas forzadas y el interior totalmente revuelto. “Rompieron uno de los vidrios y ahí comenzaron a rebuscarse; lo que más me duele es que hay guardias pagados y no hacen el recorrido... Inclusive, en el momento en que abrieron el vehículo, habrá sonado la alarma y aun así no reaccionaron”, lamentó Smijezek.
Al detallar los objetos robados, comentó que además de la radio -prácticamente nueva- se alzaron con un aparato de GPS, dos pares de anteojos de sol -uno de la marca Ray Ban-, una caja de llaves de tubo, un estuche con unos 100 discos compactos, cuatro pendrives, una tablet y cargadores de celulares, entre otros elementos. “Mi perjuicio llega a los G. 5 millones”, estimó la víctima, quien aclaró que a ello se suma el gasto que representa la reposición de vidrios y la reparación de las cerraduras.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El hombre -en contacto con radio ABC Cardinal- lamentó que los asegurados de IPS tengan que estar expuestos a estas situaciones cuando acuden a buscar atención médica. “Me siento muy dolido, es una lástima esto; estoy muy bajoneado...”, expresó aún afectado por la experiencia.
Comentó que en el estacionamiento bajo el mangal hay al menos tres guardias pagados por miles de asegurados, pero aun así no hay garantías de seguridad. “Yo salí a las 17:45 y me encontré con la sorpresa... Se rebuscaron e hicieron todo con pasmosa tranquilidad”, manifestó al indicar los rastros en su vehículo. Según señaló, además de la aparente negligencia del personal de seguridad, en el estacionamiento igualmente se debe lidiar con cuidacoches.
“Me entero que el IPS o no sé quién autoriza que dos lavacoches supuestamente identificados estén en ese predio; ellos firman una planilla de entrada y salida... Cuando fui a reclamar en la caseta y preguntar por esas personas me entero que uno marcó su entrada pero no salida”, relató a ABC Color.
Aunque la denuncia policial ya fue radicada, las víctimas no tienen mayores esperanzas de recuperar sus pertenencias. “No tengo de dónde agarrarme para recuperar todo eso... Pero hay mucha gente (que puede ser víctima de robos); los mismos médicos por ejemplo acuden y estacionan ahí su vehículo, donde pueden tener herramientas de valor”, manifestó al reclamar medidas para proteger a quienes acuden a la previsional.
IPS, en cuyo predio se produjo el robo, es la institución pública que más dinero ha destinado a la compra de servicios de seguridad privada en los últimos años. Entre 2010 y 2015, la previsional realizó adjudicaciones en ese sentido por G. 176.000 millones.
Todo ese dinero fue destinado a la empresa SST Security Service Tecnology S.A., firma que hasta el 13 de agosto de 2013 operaba bajo la denominación Doram SACI y forma parte del grupo empresarial CHL, vinculado a la familia del exdiputado colorado José Chamorro, señalado en varios casos de corrupción y supuestos sobornos.
Entre 2010 y 2015, esta firma fue adjudicada con más de G. 276.000 millones (US$ 55 millones) en compras de servicios de seguridad. Es decir, se quedó con el 50% de todo el dinero que destinó el Estado paraguayo en ese concepto en los últimos cinco años y es la empresa que más dinero ha recibido por parte de las instituciones públicas entre las 46 beneficiadas con los contratos.
Los beneficios para esta empresa comenzaron ya en los años en que Chamorro ocupaba aún un escaño en el Congreso. Y también los cuestionamientos… La firma fue investigada por supuesta sobrefacturación en una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus empleados denunciaron varias veces abusos cometidos en su contra. Hace apenas un par de meses, en mayo pasado, gremios de sindicalistas denunciaron que SST (ex Doram SACI) explotaba laboralmente a una buena parte de sus más de 2.500 funcionarios.
Precisamente, la mayor parte del dinero público que recibió SST provino del IPS, su mayor “cliente”. La previsional le ha adjudicado en reiteradas oportunidades a la empresa en los últimos años, alcanzando un total de G. 176.000 millones (US$ 47 millones).
En 2012, la firma fue denunciada por supuestamente explotar a sus funcionarios, a los que pagaba apenas G. 1.400.000 (US$ 238) y obligaba a cumplir horarios de 12 horas continuadas. Sin embargo, la empresa declaraba al IPS que pagaba a cada uno de sus funcionarios G. 3.100.000 (US$ 612), es decir, se estaba apropiando mensualmente de G. 1.700.000 (US$ 289) por funcionario.
También fue denunciada ante el Ministerio Público por la retención arbitraria de salarios a más de 1.000 de sus funcionarios. Además, existen denuncias de casos en los que puestos presupuestados dentro de los contratos de provisión de los servicios de seguridad no contaban con la cobertura correspondiente. Es decir, se estaba pagando por un servicio con el que no se contaba.