Funcionarios corruptos tendrán mismo trato que narcos

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Un proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Ávalos Mariño propone que los funcionarios corruptos procesados sean despojados de sus bienes por parte del Estado, al igual que ocurre con los narcotraficantes.

El diputado presentó el proyecto pues considera que los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción se están apropiando de bienes del Estado y a fin de cuentas de la ciudadanía, cuestión que considera “igual o más grave que el narcotráfico”, puntualizó el parlamentario.

Es por eso que, a la vuelta del receso legislativo, insistirá con su proyecto que plantea dar mismo trámite que los procesados por narcotráfico a aquellos funcionarios público denunciados por corrupción en cuanto al comiso de bienes.

Esto significa que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) también comisará los bienes de los funcionarios que “metan la mano en la lata” del presupuesto de las distintas instituciones para las que prestan servicios, ya sea con trampas en el cobro de viáticos, como en sobrefacturación de compras, licitaciones amañadas y otras tantas estrategias de corrupción que se han venido utilizando a lo largo de los años.

“Es un proyecto que ya se presentó y fue girado a la Comisión de Legislación y codificación que me toca presidir. Hablamos con colegas e inmediatamente a la vuelta del receso impulsaremos ese proyecto”, enfatizó el diputado Ávalos Mariño.

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El legislador se comprometió a socializar y debatir el planteamiento de manera a convencer a sus colegas de la importancia de convertirlo en una ley.

Aclaró que si bien se pretende que la Senabico incaute los bienes de funcionarios, mientras dure el proceso penal de los imputados por corrupción tampoco se podrá disponer de esos bienes, “porque el Estado se hace cargo a las resultas del proceso penal”.

Recién una vez que haya sentencia firme y ejecutoriada el Estado podrá eventualmente disponer de esos bienes.

Aclaró que esta sanción no discriminará, y alcanzará a todos los que estén procesados por hechos de corrupción pública. Al consultársele si se incluirá a directores de entes binacionales, el diputado no fue muy contundente en su afirmación, y se limitó a decir que el planteamiento loo están proponiendo “en forma genérica”.