A las 4:30 del sábado 13 de agosto, Richar Pereira Ramírez fue perseguido 24 Proyectada y Pa’i Pérez, barrio Obrero, por el comisario Jorge Zárate y el suboficial Jhonie Orihuela, ambos prestan servicio en la Comisaría 4ª Metropolitana. Al darle alcance, el joven ya había bajado del auto, desarmado y con las manos a la vista.

En la vía pública, Orihuela obligó a Pereira a arrodillarse y posteriormente efectuó un disparo. El proyectil dio en la nuca del joven dejándolo parapléjico. Esto debido a que la bala destruyó la médula espinal a la altura de la quinta vértebra dorsla, según la explicación del Dr. Aníbal Filártiga, director del Hospital de Traumas.

Días después del hecho, agentes policiales de dicha dependencia presentaron un revólver calibre 22 de procedencia argentina, con seis cartuchos en el tambor, uno de ellos disparado, como el arma que supuestamente tenía el joven Richard Ramón Pereira Ramírez (25), cuando fue baleado por el suboficial 1º Jhonie Orihuela.

Sin embargo el informe de los peritos señala que Pereira no contaba con ningún arma de fuego al momento de que sufrió la herida en la nuca producto del disparo. Ante todo lo sucedido el abogado del joven adelantó que presentará una querella adhesiva contra los Policías e inclusive una acción contra el Estado para reclamar una indemnización.

Ya este jueves, la agente fiscal Pamela Pérez Trinidad imputó al suboficial 1º Jhonie Orihuela y al comisario Jorge Zárate, por el disparo al joven de 25 años. Inmediatamente el juez Paublino Escobar resolvió que los agentes guarden reclusión en la Agrupación Especializada.

En este caso, Richar Ramón Pereira, padre del joven de 25 años que lleva el mismo nombre, denunció que actualmente pasan por un nuevo inconveniente en la búsqueda de justicia para su hijo: los testigos del hecho están siendo intimidados, según aseguró. Pese a ello aseguró que tanto testigos como amigos seguirán apoyando a la familia.