El gobernador Juan Carlos Baruja informó que cuando recibió la administración de la Gobernación de Paraguarí, el 15 de agosto del año pasado, había un presupuesto de G. 19.000.000.000 de los G. 51.216.352.521 aprobados por el Ministerio de Hacienda.
Baruja, quien fue denunciado por lesión de confianza durante su administración en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aseguró que presentó en "tiempo y forma" los informes financieros contables y patrimoniales, con el fin de dar "total transparencia" a su gestión.
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Los informes fueron remitidos a la Junta Departamental, como también a los organismos del Estado para su estudio y consideración conforme a las disposiciones legales, de acuerdo al ejecutivo departamental.
Baruja aprovecho la ocasión para agradecer el buen relacionamiento que tiene con la Junta Departamental que aprobó su gestión sin objeción alguna.
En ese sentido, el ejecutivo departamental, resaltó que en el sector educativo se invirtieron becas universitarias para 891 estudiantes de escasos recursos que demandó un desembolso de G. 841 millones.
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Asimismo, en la construcción de cuatro aulas, ocho cocinas, comedores y un sanitario sexado se invirtió la suma de G. 2.240 millones.
Mientras que en el sector de la salud, en los 18 centros asistenciales de Paraguarí se asistió con equipamientos por un valor de G. 89.500 millones, más G. 210 millones para la compra de medicamentos.
Baruja mencionó también la ampliación del Hospital Distrital de Carapeguá, donde se está invirtiendo unos G. 250 millones. Y agregó que se asistió a personas de escasos recursos con proyectos productivos de más de G. 19.800.000.
El gobernador informó que en la provisión de agua potable se invirtieron G. 253 millones, en diferentes comunidades con la perforación de pozos y equipamiento.
Además que se construyeron 12 canchas sintéticas por G. 1.728 millones, mientras que en la construcción de empedrados, entubamiento de canaletas se gastaron G. 282 millones, entre otros.
Refirió que logrará el progreso del departamento mediante una "gestión participativa e inclusiva", donde los "más desprotegidos y vulnerables" serán priorizados para mejorar su calidad de vida, generando "fuentes de trabajo y uniendo esfuerzo en coordinación con las instituciones estatales y privadas".