Gobierno advierte que no permitirá justicia por mano propia en conflicto de tierras

La policía deberá hacer uso de todos los medios disponibles para evitar la violencia.

El comunicado emitido por la Presidencia de la República, el gobierno reconoce que el afán por poseer la tierra ha generado "distribución inequitativa e ilegal con soslayo del orden jurídico aplicable a los sujetos de la reforma agraria", lo que muchas veces "adjudicó inmuebles rurales a personas favorecidas por el poder político y económico, violando la ley y contrariando políticas de estado".

Esta situación generó el conflicto que ocurre en Ñacunday, Alto Paraná, entre carperos y productores. Ante esta situación, el gobierno aclara que actuará conforme a la ley vigente en el conflicto generado en la citada zona y que es el Poder Judicial el que debe determinar que las tierras fueron adquiridas legalmente.

Los propietarios deberán determinar sus derechos sobre la tierra siempre y cuando "haya sido adquiridas por los modos autorizados por la ley o inmuebles pertenecientes al Estado (tierra fiscales), compete con carácter exclusivo y excluyente a la perrogativa delegada constitucionalmente a los magistrados del Poder Judicial".

Seguidamente, aclara que en caso de que se constate que las propiedades pertenecen al estado, el Indert podrá disponer de las mismas para la distribución a personas o grupos que el Poder Ejecutivo disponga.

FF. AA. seguirán en la zona

Respecto a la presencia de las FF. AA. En la zona para los trabajos de amojonamiento, la Presidencia indica que la labor de los mismos ya se dio inicio durante gobiernos anteriores, y que seguirán en el lugar hasta culminar con las labores que les fueron encomendadas según lo que reza la ley 2532/05 de Seguridad Fronteriza.

"La vinculación errónea de dichas tareas con la discusión de derechos de dominio sobre dichas tierras afectadas, no tiene fundamento alguno. En consecuencia, los actos de grupos antagónicos en hechos recientes, tanto los de quienes denuncian otros derechos de propiedad (carperos) en controversia con los que detentan las personas allí instaladas (colonos), como los de quienes destruyen señales colocadas en cumplimiento de las acciones de inventario y delimitación efectuadas por el Gobierno de la República, constituyen hechos intolerables, cuyas responsabilidades personales deben ser determinadas conforme a la ley", expresa la nota.

No a la violencia

En el sexto punto del escrito, el Gobierno resalta que no tolerará los actos de violencia bajo el argumento de justicia por manos propias e indica que las fuerzas públicas deberán disponer de todos los medios necesarios para mantener el orden público y garantizar la seguridad.

 

También expresa que será el Ejecutivo el que tomará toda decisión en el ámbito que le corresponda para acelerar la realización de todas las acciones para recuperar la credibilidad institucional, proporcionar certeza en los documentos que circulan sobre la tierra en el Paraguay y a dotar de transparencia la gestión pública para encaminar la reforma agraria.

El Ejecutivo se compromete a coordinar acciones con los otros dos poderes, Judicial y Legislativo para generar instrumentos legales que posibiliten instalar instituciones, competencias, relaciones jurídicas, reconocimiento de derechos y materialización de garantías a favor de la gente y de posibilidades del mejor y mayor desarrollo de la producción en el campo para una distribución más equitativa de la tierra, con respeto a la propiedad privada y con posibilidad de acceso de más personas a la misma.