Gremios piden veto parcial de nueva ley del BNF

Cabe recordar que el 28 de abril, en una nota suscrita en forma conjunta por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Hugo Velázquez y Robert Acevedo, ponían a conocimiento de Horacio Cartes la aprobación de dicha ley, “de reforma de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Pero, 25 días antes, un escrito que lleva las firmas del Eduardo Felippo, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Luis Villasanti Kulman, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),y Enrique Bendaña, presidente del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), el sector privado advertía acerca de los riesgos que implica la nueva normativa. Sin embargo, no ha obtenido respuestas hasta hoy, según Felippo.

Los gremios señalan que por el Art. 5º, la ley incluye en su objeto otorgar servicios financieros “al sector público”, lo cual -de alguna manera- representa un riesgo para la propia institución, considerando que el mismo banco es de derecho público, lo que plantea un conflicto de intereses entre los de la entidad bancaria y el de otras instituciones del mismo sector.

“Creemos que debiera excluirse específicamente de dichos servicios la posibilidad de otorgar préstamos al sector público (Art. 40)”, resalta la misiva.

Añade que, de conformidad al Art. 16º, fueron eliminados de la administración del banco los directores propuestos por los gremios de la industria y la producción, con lo cual se suprimió el contralor de los negocios del banco ejercido por aquellas instituciones a las cuales están destinados preferentemente sus recursos (Art. 14º).

Alerta que lo anterior pone en riesgo la vocación de banco de fomento de la institución y deja en manos de administradores que busquen lucro en una institución que no debiera pretender ganancias, sino -como bien lo indica su objeto- “promover el desarrollo económico y social del país” (Art. 5º), con énfasis en los “sectores productivos” (Art. 12, Inc. b).

Los dirigentes explican al Presidente que el BNF demostró en los últimos años que, con la estructura actual y con la participación de miembros propuestos por los sectores productivos, saneó sus activos, creció financieramente, aumentó su asistencia a los sectores de la producción y de la industria, incrementó su solvencia y liquidez, redujo su cartera morosa, acreditando con ello que de la manera en que está estructurado sirve a los fines de la institución y el país.

Agrega que, siendo así como es, lo que está demostrado con los últimos resultados de los ejercicios económico-financieros cerrados, “no encontramos razón para modificar aquello que está cumpliendo con sus objetivos y funcionando satisfactoriamente”.

Subraya que no siempre el país contará -como ahora- con un Gobierno “técnicamente apropiado, responsable y comprometido con su desarrollo y crecimiento, que defienda los principios del libre mercado y la competencia, donde el cambio de política nacional de alguna manera afectará menos o limitará la modificación de los criterios del BNF, si son conservados los representantes de los gremios dentro de la administración del mismo.

Ante la “absoluta potestad” que la nueva ley le otorga al presidente de la República a nombrar consejeros, con la posibilidad de ingresar seccionaleros que manejarán una cuestión netamente técnica y elimina la representación del sector privado, el titular de la UIP, Eduardo Felippo, manifestó a ABC Cardinal: “Lo peor es que yo no vi en la ley que se pida una idoneidad profesional mínima para ser consejero, con lo cual se limitaría la oferta, pero así como está me parece que cualquiera puede ser miembro de ese directorio y es muy peligroso.

Consultado sobre si lograron reunirse últimamente con Cartes para expresarle su temor sobre la “coloradización de la administración pública, en un año electoral, Felippo manifestó: “A decir verdad, hablamos muy poco con el presidente de la República. Para expresar nuestra opinión hemos enviado la nota, pero no hemos tenido ninguna respuesta”.