Grupo armado aterroriza a comunidad en Itapúa

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A los sospechosos de asaltar a una familia el pasado domingo en el departamento de Itapúa se le atribuyen numerosos crímenes; sin embargo, se mantienen impunes por el miedo que infunden en los pobladores de la zona.

A poco de asumir funciones en la compañía Potrero Benítez, distante a 60 kilómetros de San Pedro del Paraná, el fiscal Lucrecio Cabrera ya debe hacerse cargo de un grave caso de robo agravado y abuso sexual ocurrido la noche del domingo último, perpetrado por un grupo de delincuentes supuestamente identificados bajo la denominación “Unión del Pueblo Paraguayo”.

El agente consideró prematuro confirmar la existencia del grupo como tal en esta alejada zona del departamento de Itapúa; sin embargo, las primeras averiguaciones dan cuenta de que el grave hecho sería responsabilidad de una gavilla dirigida por un hombre de apellido Bustamante, apodado como “Patrón”, indicó Cabrera en contacto con la 780 AM.

Se cree que el mencionado, en compañía de otras cinco personas, irrumpió con disparos de escopeta en la vivienda perteneciente a Audecio Samudio, quien se encontraba reunido con su familia. Los malvivientes exigieron dinero, pero al no hallar la suma requerida se alzaron con G. 500.000, teléfonos celulares y el vehículo del yerno de Samudio, no sin antes reducir a los ocupantes de la vivienda. Los sospechosos raptaron a una mujer de 26 años y estuvieron a punto de hacer lo mismo con una adolescente de 15, quien se escondió bajo la cama, razón por la cual los asaltantes optaron por huir con la mujer mayor de edad, quien fue víctima de abuso en una zona boscosa distante a unos 200 metros de la vivienda.

Al menos tres de los delincuentes ya fueron identificados en base a testimonios de testigos, para quienes se dictó orden de captura. Según el fiscal Cabrera, la gavilla sospechosa tendría relación con numerosos crímenes en este asentamiento, desde robos hasta asesinato, que figuran en registros fiscales; no obstante, supieron eludir diversos allanamientos. Para el fiscal, esto obedecería a la dificultad de acceso a la zona y la escasa cobertura policial. Tampoco se descarta protección por parte de los propios moradores, ya sea por miedo o directamente por amenazas.

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