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Hacienda y TSJE firmarán convenio sobre financiación política

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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El Ministerio de Hacienda y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay firmarán este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para controlar la financiación de las organizaciones políticas, según informó el TSJE.

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La firma del documento estará presidida por la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y el presidente del TSJE, Jaime Bestard, que sellarán este acuerdo con el que se pretende fortalecer la democracia en el país.

La participación de ambas instituciones pretende coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legislativas sobre financiación política desde sus respectivas competencias.

La cartera económica deberá velar por la verificación de los recursos públicos, el cumplimiento de la legislación fiscal, la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos financieros. Por su parte, el TSJE revisará la procedencia de los montos utilizados por las agrupaciones políticas en sus campañas y en su funcionamiento habitual.

El convenio que se suscribirá el lunes se integra en el proyecto de financiamiento político del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO). Su finalidad es garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Político en Paraguay y, al mismo tiempo, facilitar la transparencia, la rendición de cuentas y el monitoreo para reducir las irregularidades y la impunidad.

La firma de este convenio se produce unos días después de que la Misión Electoral de la Unión Europa (MOE-UE) que siguió las elecciones generales de Paraguay el pasado 22 de abril recomendará al país mejorar la transparencia en la financiación de las campañas políticas, tanto en las elecciones generales como en las internas partidarias. La Misión apostó por incluir las fuentes de financiación y por fijar los límites de gasto como un primer paso en la lucha contra la corrupción.

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