Hallan irregularidades en Lambaré

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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó una serie de irregularidades en el proceso licitatorio para la reparación del puente sobre la avenida Vencedores del Chaco. El contrato fue adjudicado por la administración de Armando Gómez.

Según el informe de la DNCP, tras la verificación in situ del 22 de junio, el fiscal de obras manifestó que la Comuna había realizado paralelamente otros contratos para la ejecución de obras en el mismo lugar y para la reconstrucción de la base del mismo puente, sin comunicar a la entidad.

En ese sentido, la Dirección Jurídica de la Contrataciones abrió una investigación de oficio sobre el supuesto fraccionamiento de contratos, que se detectó durante la verificación in situ de esta obra. En otro punto de la verificación se observó que no se ejecutaron todos los trabajos previstos en el contrato, tales como la viga de coronamiento del muro, gaviones y el refuerzo de los muros.

Mediante la verificación, la entidad estatal comprobó que la garantía de fiel cumplimiento de contrato tiene fecha de emisión del 23 de mayo de 2016, es decir, unos 139 días posteriores a la firma del contrato e incluso a la recepción definitiva de las obras, que fue en fecha 16 de marzo. También se constató que la empresa contratista, no había entregado las pólizas de seguros de anticipo financiero, contra daños a terceros accidentes personales y de todo riesgo en la zona de obras.

El informe de verificación del contrato fue remitido a la Contraloría General de la República, la Junta Municipal de Lambaré y a la Dirección Jurídica de la DNCP para que actúen en el ámbito de sus competencias

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La contratación fue la primera realizada por la administración del intendente Gómez y fue adjudicada a la firma Clase A de Orlando Sosa Centurión, el 5 de enero de 2016. Las obras demandaron una inversión superior a los G. 221 millones y fue uno de los motivos por los cuales la Junta Municipal de Lambaré solicitó una intervención a la Comuna.

El pedido de intervención fue puesto a consideración del Ministerio del Interior y, desde allí, se evaluará si existen suficientes argumentos para llevar la documentación a la Cámara de Diputados.