/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/I5HXVUUNEFCVXKPMHCDCB6CZSY.jpg)
Cargando...
Por apenas dos votos, el Senado no logró ratificar su versión del proyecto, que establecía controles acordes a los exigidos internacionalmente. En su reemplazo, se aprobó la versión del Diputados que fue mutilada a tal punto que ni siquiera se incluye a los exportadores entre los obligados a registrar sus actividades, siendo ellos los principales beneficiados del contrabando en nuestro país.
Durante la sesión, justo en el momento de la votación de la llamada Ley de “transparencia de la cadena de suministro de tabaco”, el senador Adolfo Ferreiro (Avancemos País) y Luis Alberto Wagner (PLRA) no estuvieron presentes. Pese al pedido de postergar el tratamiento para evitar que se apruebe la versión de Diputados esta se terminó imponiendo y pasó al Ejecutivo.
Las diferencias son fundamentales y Diputados (donde hay mayoría cartista) se encargaron de incluso crear conceptos alternativos a los establecidos e nivel internacional por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La Cámara de Diputados ha elaborado, contradiciendo a lo que se entiende a nivel mundial en ese concepto, una nueva definición, que básicamente se prioriza la actividad del Estado con respecto al cumplimiento del conjunto de las medidas tributarias y se elimina la responsabilidad del operador económico a adoptar las medidas previas que sean necesarias para la impedir la prosecución del negocio que podría provocar actividades ilícitas”, indicó el senador Fernando Silva Facetti (PLRA), que argumentó a favor de ratificar la postura del Senado.
Pero fuera de las definiciones particulares, lo fundamental es que incluso eliminaron a los exportadores de la exigencia de que posean una habilitación obligatoria para operar (Artículo 4), pese a que es consabido que el problema de contrabando en nuestro país es la exportación y no la importación.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), propiedad del grupo empresarial del presidente Horacio Cartes figura como uno de los mayores exportadores ilegales de tabaco en la región y el mundo.
Además eliminaron todos los requisitos establecidos para la manufactura, importación y exportación del tabaco, que incluía por ejemplo tener los datos de los clientes y del mercado a los que destinan sus producto, así como las cuentas en las que mueven el dinero. En el proyecto aprobado se dejó en manos del Ministerio de Industria y Comercio establecer esos puntos.
Lea más: Dilatan tratamiento de ley de trazabilidad
“Hay unas 30.000 ó 40.000 toneladas (de tabaco en Paraguay) que se esfuman, no existen registros. Por eso esta ley de Trazabilidad es importante. El que importa debe demostrar que todo lo que importó se convirtió en cigarrillo y demostrar lo que se vendió y se exportó”, indicó antes de la sesión la senadora Esperanza Martínez, algo que reiteró ante el pleno.
El proyecto de Diputados se encargó de barrer con casi todos los artículos del capítulo de "la debida diligencia" y los "registros de comercialización", que con el proyecto de ley ahora aprobado, no obliga a los tabacaleros a llevar los registros de su actividades.
Lea más: No servirá para nada, afirman
El proyecto original establecía que cada cajetilla tenía que tener desde la fecha y hora de fabricación, la identidad del fabricantes, hasta los datos del comprador final. Se agregaban códigos identificadores con todos los datos del producto y la posibilidad de seguir la ruta que debían de seguir en caso de comercio lícito.
Impedía además a los productores vender a compradores que no cumplieran con los requisitos de la ley y que no pudieran demostrar el destino de los productos que compren. También se creaba una base de datos única donde se centraría toda la información.
Además de excluir a como pasible de multas a quienes “permitan, fomente o toleren actividades ilegales”, incluso eliminaron entre las sanciones el decomiso del tabaco y establecieron multas fijas en jornales para los infractores, en vez de que paguen el doble o el triple de lo contrabandeado.
Ya en las disposiciones finales y transitorias, se establecía un plazo para la reglamentación de la ley y si los responsables del Ejecutivo no lo cumplían, sería considerado “mal desempeño en sus funciones”, un hecho que puede ser utilizado como fundamento para juicio político.
También el presidente estaba obligado a dar informes de los resultados de dicha ley, y el incumplimiento también tendría las mismas consecuencias de la disposición anterior, algo que también eliminaron, casi como un “blindaje a medida” de Cartes.