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Minutos antes de iniciarse la audiencia, el abogado defensor Rodolfo Mendoza recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz.
"El hecho de corrupción es un hecho punible grave, aunque no sea crimen, por eso pedimos la prisión", explicó la fiscala Liliana Alcaraz, recusada por supuesta enemistad y porque pidió la prisión.
La defensa pidió medidas y ofreció la casa de la madre del imputado, valuada en G. 700 millones, como garantía para cubrir una eventual fianza real.
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A su vez, Garay admitió los hechos, explicó que cayó en un error por estar agobiado por deudas y pidió que se investigue a su denunciante por soborno.
Sobre el punto, Mendoza agregó que su cliente tiene deudas por más de G. 100 millones y dijo que, si bien no justifica su acción, de los G. 15 millones que percibía mensualmente apenas le quedaba G. 1 millón y medio para mantener a su esposa y dos hijas, por eso sucumbió.
"Yo creo que aquí surge una gran situación que debemos plantearnos como paraguayos: si los fiscales están ganando el dinero necesario para llevar causas tan millonarias, porque con ese sueldo nadie puede tener una camioneta y una casa de primer nivel para estar ejerciendo la representación pública", agregó Mendoza.