Así lo resolvió Roberto Saldívar, juez en lo Civil y Comercial, quien ordenó la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del libro, y la prohibición de ingresar a la sede comunal, a lo sumo establecerse en una oficina cercana, informó Higinio Ruiz Díaz, corresponsal de ABC Color.

La defensa del intendente liberal ofreció una garantía de G. 1.900 millones en inmuebles para evitar ir a la prisión, más otros G. 100.000.000 de su abogado. En tanto, a la administradora de la comuna Elva Corvalán se le impuso una caución de G. 2.000 millones, totalizando G. 4.000 millones entre ambos imputados.

Al abandonar el Juzgado Penal de Garantías, Ortiz dijo que este caso se trataba de una persecución por cuestiones políticas y aseguró que no tocó un solo guaraní.  Mientras se producía la audiencia del intendente, dos grupos de manifestantes, uno a favor y otro en contra, intercambiaban consignas en medio de un acalorado clima, frente al juzgado de Garantías de J. Augusto Saldivar. Momentos después, el grupo mayoritario -los adherentes- cerró la ruta frente al Juzgado, ante la atenta mirada de los agentes policiales apostados en el sitio, con cánticos a favor de la gestión de Ortiz.

El jefe comunal de Ypané es investigado por el supuesto hecho de lesión de confianza, ya que no ha justificado la utilización de más de G. 1.850 millones en 2013. Durante su administración, adquirió 27 computadoras a precios inflados. Según la investigación, Ortiz adquirió computadora con impresora a G. 4.450.000, cuando el precio real era solo de G. 1.700.000, según la Contraloría, aunque la diferencia ya fue devuelta, sostiene el intendente.

Junto a la administradora de la Comuna, Elva Corvalán, Ortiz está imputado por supuesta malversación de fondos de royalties y dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).