Multa de US$ 1.000 a defensor de acusados

El abogado Amelio Sisco, defensor de varios de los acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas, fue multado con el pago de unos US$ 1.200 por el tribunal de la causa, que le calificó de “litigante temerario”.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/RZH7RADIABAHRONXLIZS35EHZQ.jpg

Cargando...

El caso investiga la muerte de once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado cuando cerca de 300 agentes fuertemente armados acudieron a desalojar una finca del distrito de Curuguaty ocupada por unos 70 labriegos que pedían que se incorporara a la reforma agraria.

Por la muerte de los seis policías están siendo juzgados en Asunción once campesinos, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los labriegos durante la masacre.

El Tribunal que resolvió imponer la multa a Sisco consideró a este “litigante temerario, con ejercicio abusivo del derecho y de mala fe”, según un comunicado de la Fiscalía.

Los jueces decidieron castigar a Sisco por su actuación en la sesión del juicio del pasado día 26 de abril, cuando el defensor abandonó la sala tras recusar al Tribunal por su presunta “parcialidad manifiesta”.

El abogado expuso este martes a Efe que se trata de la segunda sanción económica que recibe en lo que dura el proceso por el caso Curuguaty, y que el monto total de ambas multas asciende a cerca de unos 2.600 dólares.

Sisco declaró que las sanciones componen una “estrategia para amedrentar a los defensores” de los campesinos, y que el Tribunal no dio argumentos jurídicos para justificar por qué considera que actuó de mala fe.

En la sesión de hoy del juicio por la masacre de Curuguaty prestó declaración el abogado Gustavo Ruiz Llano.

Ruiz trabajó en el juicio por usucapión que la empresa Campos Morombí, que se atribuye la titularidad de las tierras donde ocurrió la masacre, promovió contra la compañía La Industrial Paraguaya S.A. (Lipsa).

La empresa donó estas tierras al Estado paraguayo en 1967, y desde entonces y hasta 1999 las tierras fueron empleadas por un destacamento de la Marina, razón por la que se las conoce con el nombre de Marina Kue.

Sin embargo, Ruiz declaró hoy en el juicio que no le constaba que existiera ninguna escritura pública de formalización de esta donación, por lo que no tiene validez.

Tras la retirada de las tropas de la Marina, las colonias campesinas de la zona pidieron que las tierras fueran cedidas para la agricultura familiar, y el Estado paraguayo concretó esta cesión a través de un decreto en 2004.

Pero durante ese tiempo la empresa Campos Morombí se atribuyó la titularidad sobre estos terrenos, comenzó a utilizarlos para la producción de soja, y promovió el desalojo de los campesinos que las ocupaban, que desembocó en masacre en junio de 2012.

La empresa es propiedad de la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La finca integra el listado de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular en la época de la dictadura, y que son un total de casi 8 millones de hectáreas en todo el país, según el informe que publicó en 2008 la Comisión de Verdad y Justicia.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de “irregular” por organismos como la Unasur o el Mercosur.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...