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Roden Antonio Leiva Espínola y Derlis Vicente Vázquez trabajaron en el centro penitenciario desde 2014 hasta septiembre de 2016 y fueron imputados como presuntos autores de torturas.
Los malos tratos consistieron en golpes con un caño de plástico rellenado con cemento a por lo menos cuatro adolescentes, que eran presuntamente torturados tanto en las oficinas de la dirección del centro, como en el pabellón y el patio de la institución, según la Fiscalía.
Además, los exfuncionarios supuestamente obligaban a otros internos del centro a formar una ronda para golpear a estos cuatro adolescentes.
La Fiscalía solicitó aplicar medidas a ambos funcionarios, como la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas y sus familiares, acercarse al centro penitenciario o salir del país.
También pidió que se les obligue a presentarse periódicamente ante un juez, y a depositar un fianza real adecuada.
El estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) advirtió en su informe preliminar de abril de 2016 sobre el centro educativo El Sembrador que la institución aplicaba “un severo régimen de disciplina que incluye la utilización de torturas y malos tratos en contra de la población del centro educativo”.
El informe dio cuenta de las palizas con el caño de plástico, además de las ceremonias de castigo físico frente a otros adolescentes, así como de las amenazas a los internos para que no confesaran las torturas a las personas que visitaran el centro.
El 67 % de los adolescentes bajo custodia policial en Paraguay sufrieron algún tipo de maltrato físico, incluyendo técnicas de tortura similares a las utilizadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) , según los datos de 2015 del MNP.
Según el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai) de Paraguay, en junio de 2016 constan un total de 358 menores de edad privados de su libertad e internados en centros educativos.
En relación con los centros de menores, Paraguay cuenta con una sentencia en su contra dictada en 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La Corte sentenció al país por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en el Centro Educativo de Itauguá (conocido como Panchito López) entre 1996 y 2001.