Estafa y violación de la ley 4.682/2.012, sobre hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política agraria del Estado son los hechos punibles por los cuales imputan a Reinaldo Bronstrup Wanderer, a Florencio Andrés Cardozo Mendoza, y a Néstor Crispín Riquelme Báez, este último funcionario del Indert.

Según consta en la denuncia, los citados son investigados por la puesta en comercialización a través de la página web www.clasipar.com.py del inmueble individualizado como lote 11, manzana 01, de la Colonia Yacaré Cuá, que corresponde a los Cedrales, con una superficie de 15 hectáreas y 4.346 metros cuadrados, ocupado por Bronstrup y perteneciente al Indert, ofrecido al público por 15.000 dólares la hectárea.

La Fiscalía montó un operativo y acordó telefónicamente una reunión preliminar en las oficinas de la inmobiliaria Valle, entre Daniel Aguilar y Bronstrup. Éste se presentó como propietario del inmueble ofrecido.

El encuentro fue concretado el pasado 24 de junio, con la presencia de Florencio Cardozo y Bronstrup, quienes habrían dado explicaciones de la situación legal de su propiedad, mencionando los mecanismos para poder concretar la supuesta venta irregular de dicho inmueble, entre ellos el procedimiento a seguir ante las oficinas del propio Indert, y que un funcionario de dicha institución facilitaría los trámites.

El 28 de junio se formalizó la supuesta compra por medio de un contrato privado de cesión de derechos y accionas y venta, por la suma al contado y en efectivo de 7.800 dólares, y 39.500.000 guaraníes, más la firma de tres pagarés por valor de 50.000 dólares y 11.500 dólares respectivamente. Los fiscales incautaron los billetes y aprehendieron en flagrancia a Bronstrup y a Cardozo, quienes fueron trasladados hasta la sede de la Fiscalía de Ciudad del Este.

Los fiscales solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como obligación de presentarse periódicamente ante el juez; prohibición de salir del país; prestación de una fianza real hasta cubrir la suma de G. 500 millones por cada imputado, prohibición de acercarse a la oficina regional del Indert en Alto Paraná y prohibición de comunicarse entre los imputados y testigos de la causa.

Justo Cárdenas, titular del Indert dijo que apoya y acompaña la investigación fiscal para poner fin a esta práctica, que es parte muy arraigada en nuestra cultura. Nosotros estamos trabajando para coordinar con la fiscalía la investigación de la venta de derecheras y que la justicia castigue dicha práctica”.

Lamentó la situación porque obstaculiza que las tierras estén en manos de los verdaderos sujetos en la Reforma Agraria. "Estamos realizando esfuerzos institucionales para sanear, con el proceso de regularización de la posesión de tierras que se está llevando a cabo. Necesitamos que la justicia dé una lección mandando preso a quienes venden tierras públicas. Hemos llegado a realizar denuncias incluso sobre el tema. Queremos que la tierra cumpla un rol social”, concluyó en declaraciones a medios radiales de Asunción.