El agente fiscal Ojeda imputó a los ex concejales liberales Félix Alberto Lugo Espínola, Modesto Chamorro Prieto, Marina Oviedo de Villalba y Silverio Pedrozo Cabral, como así también a Jorgelina Rodas de Valdez (UNACE) y a la ex tesorera municipal Carmen Celina Estigarribia Lezcano por los hechos de lesión de confianza y daño al patrimonio municipal.
Los concejales imputados habrían aprobado con varias irregularidades el balance general del ejercicio fiscal 2013, según se desprende del informe del Examen Especial proporcionado por la Contraloría General de la República (CGR). La ex tesorera municipal Estigarribia Lezcano hizo pagos por obras no realizadas y sin corroborar la existencia de algún documento legal respaldatorio, además de pagos de honorarios profesionales que no cuentan con contratos de prestación de servicios.
La representación fiscal imputó a los exconcejales y a la funcionaria municipal de Acahay, para quienes solicitó al juez de Garantías medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva bajo los siguientes términos: la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que el juez designe, prohibición de salir del país y aplicación de otras medidas que el Juzgado estime conveniente.
El Ministerio Público impulsó la pericia contable y arquitectónica de las obras, a fin de cuantificar de manera exacta el aparente daño patrimonial. En el informe de la Contraloría que realizó una investigación a las cuentas de Fonacide y royalties se enumera algunas irregularidades que van desde obras inconclusas en la Plaza Mariscal Francisco Solano López y de centros comerciales hasta sobrefacturación de obras, empedrados inexistentes y transferencias sin las respectivas rendiciones de los beneficiarios.
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Asimismo, el equipo auditor señala que se realizaron pagos de viáticos, bonificaciones y gratificaciones que no corresponden y que no cuentan con documentos respaldatorios, como también pago con fondos de royalties a personal técnico que no corresponde. Por este mismo caso, el juez de Garantías de Carapeguá, Víctor Vega, había ordenado en junio pasado la captura del exintendente de esta ciudad Alejo Fretes (PLRA). El exejecutivo se encuentra prófugo de la justicia.