En el acta de imputación el agente de la Unidad 4 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, especifica que existen sospechas acerca de la existencia del hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza) contra los concejales Juan Bautista Román Aquino, José Alberto Carreras Insaurralde, Luis Giménez Rodas, Eluogia Ruíz, Néstor Alvarenga Vargas, Adolfo Fernández Romero, Esteban Antonio Ávalos Pereira.
Así también fueron imputados por la supuesta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, apropiación Nelson René Carrera Insaurralde, ex intendente, y Digno Ramón Acosta (ex concejal y ex intendente), Luis Alberto Irala Sánchez (ex tesorero, Secretario General), Domingo Ramón Arias Villalba, Celso Javier Martínez.
En marzo de este año ya habían sido imputados por lesión de confianza, Nelson Carrera y Digno Acosta. La investigación prosiguió y se solicitaron informes a la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, al igual que a entidades bancarias sobre las cuentas de la Municipalidad concerniente al periodo administrativo de 2010 a 2015.
Tras analizar las documentaciones, el fiscal argumenta que se puede observar que la administración municipal ha emitido órdenes de pagos, siendo beneficiadas empresas constructoras, con los respaldo de facturas, créditos y recibos de dinero, relacionadas a cobros de supuesta obras realizadas en instituciones educativas, reparaciones de caminos, construcciones de puentes y otros dentro de la comunidad de Puerto Pinasco.
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Los concejales imputados, a pesar de todas las irregularidades en las rendiciones de cuentas de la ejecución presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, la Junta Municipal, resolvió aprobar dichas rendiciones. Los ediles avalaban la administración del ejecutivo municipal, haciendo caso omiso a sus colegas que reclamaban las observaciones de la mala ejecución presupuestaria.