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Imputan a concejales por desacato

Este artículo tiene 7 años de antigüedad

MAYOR OTAÑO. Por desacato a una orden judicial, seis concejales municipales de Mayor Otaño fueron imputados por el fiscal Walter Castro, titular de la Unidad 2 de la fiscalía zonal.

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Los ediles incumplieron un mandamiento judicial de reincorporar a una colega, la concejala Lourdes López de Lovera, quien estaba suspendida en sus funciones.

Los procesados son los concejales Pedro Bogado Rojas, Vidal Vega Gonzaga, Jorgelina Vera González, Osmar Fidel Benítez Fernández, Darío Sainger López y Arnaldo Andrés Carmona Fernández.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal de la causa, la imputación deriva de una denuncia formulada por el Tribunal Electoral de Encarnación, a raíz del incumplimiento de una orden emanada de ese órgano judicial, en el cual se ordenaba a los concejales a reincorporar a la concejal López, bajo apercibimiento de incurrir en desacato a una orden judicial. Los concejales se exponen a una expectativa de pena de tres años.

La imputación fue realizada ya en el mes de marzo, ante el Juzgado Penal de Garantías de María Auxiliadora, a cargo del juez Hugo Centurión.

La fiscalía presentó la imputación y solicitó medidas alternativas de prisión en tanto dure el proceso penal, atendiendo a la condición de arraigo de los concejales procesados.

Los antecedentes del caso se remontan a una condena a dos años con suspensión de la pena a la que fue sometida la concejala Lourdes López, por una causa que se inició por un hecho punible originado en el periodo de gobierno municipal anterior, en el que ocupó el cargo de intendenta.

López, electa concejal por el periodo 2015-2020, fue suspendida por la Junta Municipal tras sobrevenir su condena y esperó se cumpla el periodo de dos años para solicitar su reincorporación al cuerpo colegiado.

La imputación deviene como consecuencia del incumplimiento de la orden judicial que disponía la reincorporación de la concejal municipal –titular-, Lourdes Ramona López de Lovera, sin más trámites al seno de la Junta Municipal en la próxima sesión a realizarse.

Ante la negativa de sus colegas de ser reincorporada, López acudió a la justicia electoral. Mediante auto interlocutorio (A.I.) Nº 34/TJ, de fecha 22 de agosto de 2018, el Tribunal resolvió la reincorporación de la concejal a su banca, sin más trámite.

En votación de seis (en contra de la reincorporación) contra cinco (a favor), la Junta rechazó la reincorporación, y en consecuencia el Tribunal Electoral remitió los antecedentes a la Fiscalía Penal, en base a lo que establece la Ley Nº 4711/12, sobre desacato a una orden judicial y la Fiscalía dio trámite al proceso.

Cuatro sesiones posteriores a la denuncia del Tribunal, la concejala fue reintegrada, pero el desacato estuvo consumado porque aquí la parte afectada no es un particular sino la justicia electoral, explicó el fiscal Castro.

El procedimiento que sigue ahora es que los concejales serán llamados a declaración indagatoria y el juez de garantías resolverá las medidas a imponer.

Pese a que el delito contempla como expectativa de pena tres años de prisión, siempre existe la posibilidad de recurrir a un procedimiento abreviado y llegar a la suspensión de la condena a prueba, mencionó Castro.

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