El fiscal Luis Piñánez imputó por el hecho punible de prevaricato al juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Santaní, quien concedió un cuestionado habeas corpus a favor del narco brasileño, con lo que estuvo a punto de frenarse la extradición, informó ABC Cardinal.
De acuerdo al marco legal, el prevaricato se produce cuando un juez o autoridad emite una sentencia arbitraria. De acuerdo a lo que refirieron profesionales en leyes, el magistrado Ocampos no tenía autoridad para dictar el habeas corpus genérico.
Según el acta de imputación, el magistrado resolvió hacer a lugar a la medida promovida por los abogados de Jarvis, ya bajo custodia de la justicia brasileña, y de esta forma suspendía inmediatamente el traslado del condenado y ordenaba que siguiera recluido en la Agrupación Especializada hasta tanto hubiera una sentencia firme en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El habeas corpus se obtuvo con una resolución judicial "que aparentemente violó el derecho paraguayo”, justifica el fiscal, quien solicita al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que le retiren los fueros a Ocampos para ser sometido al proceso.
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A raíz de este hecho se ordenó una auditoría en la víspera. El juzgado de San Estanislao fue visitado por responsables de la Dirección General de Auditorías, pero el magistrado había solicitado días libres tras conceder la controvertida resolución.