Esta imputación se produce en medio del proceso abierto por la compra por parte del Indert de unas tierras a la empresa San Agustín SA.
Los miembros del Consejo serían quienes facilitaron del negociado en la adquisición del inmueble ubicado en el departamento de Cordillera. En este sentido fueron imputados Emanuel Fridman del Ministerio de Hacienda; Justo Gamarra, representante de las municipalidades y Milciades Duré encargado de las gobernaciones.
Anteriormente ya fueron imputadas la escribana Martha Roa de Vargas y el administrador de la empresa San Agustín, por la fiscala Claudia Criscioni, quien luego de esto fue recusada por el abogado Alvaro Arias, defensor de la notaria.