La imputación fiscal se concretó luego de conocerse el resultado de la primera pericia realizada a su gestión anterior, que arrojó un supuesto faltante de G. 1.200 millones de los recursos provenientes de royalties y Fonacide. Mendoza estuvo frente a la administración municipal de San Antonio desde 2010 hasta 2015 y luego obtuvo su reelección en el cargo.
Hay otras dos pericias, cuyos resultados podría arrojar más faltantes. Es decir, los G. 1.200 millones podría trepar a un cifra incluso más elevada, informó el corresponsal de ABC Higinio Ruiz Díaz. La fiscala solicitó a la jueza de Lambaré que se prohíba a Mendoza acercarse hasta la sede municipal; asimismo, aproximarse a los miembros de la Junta Municipal y al grupo de ciudadanos que realizaron la denuncia sobre malversación del dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Según la imputación fiscal, existe diferencias entre la rendición de cuentas y lo que realmente se ejecutó con respecto del dinero que recibió la gestión municipal, por lo que se procedió a la imputación. La Junta Municipal, a principios de año, rechazó el balance general del presupuesto 2015 del intendente Raúl Mendoza (PLRA) por falta de documentos respaldatorios.
