El jurista Jorge Seall Sasiain indicó que una acción de inconstitucionalidad sería la mejor y última vía para intentar evitar que se concrete esta violación constitucional. Acotó, sin embargo, que no tiene muchas esperanzas en cuanto a cómo resuelva el caso la Corte Suprema de Justicia.
La acción de inconstitucionalidad “sería la primera y más idónea de todas, independientemente de que se acuda a todas las instancias internacionales, que requieren que se hayan agotado todas las alternativas posibles de nuestro país”, indicó.
Advierte que en esa línea existen dos posible escenarios que podrían ser aprovechados por el cartismo, el luguismo y el nicanorismo: una es influenciar a la Corte Suprema de Justicia para que rechace la acción y otra, que aleguen la falta de “legitimación activa” de quienes presenten la inconstitucionalidad.
“Obvio que con esta Corte que tenemos van a buscar todas las formas de ayudarle a Cartes; con esta Corte, cualquier cosa para el poder de turno (…) Ese es el problema de tener una Corte Suprema así”, afirmó.
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La legitimación activa que exige este tipo de trámites requiere que alguien directamente afectado por el atropello presente la acción. A criterio de Seall Sasiain, al ser una violación tan grave, cualquier ciudadano podría plantearla. “Podría hacerlo el defensor de Pueblo, el fiscal general, pero ahí entra toda la podredumbre del Estado a favor deL poder de turno. Habría que buscarse una representación ciudadana o partidos políticos. Yo creo que teniendo buen derecho enfrente es fácil de encontrar; el tema es que van a buscar la vuelta para decir que no tiene legitimación activa o cualquier cosa”.
Otra posibilidad sería presentar una acción contra el eventual plebiscito ante la Justicia Electoral, aunque eso también podría ser apelado ante la Corte. “Como es un reférendum, entonces compete a un tema de elecciones”, se debería de plantear ante el TSJE. “Ahí discutiremos si iremos a primera instancia, segunda o directamente al Tribunal Superior de Justicia Electoral”, pero esa decisión en el caso que resuelva a favor podría de vuelta ser apelada ante la Corte por los que pretenden violentar la Constitución.