El jueves último, el proyecto de ley de expropiación de más de 11.000 hectáreas en Ñacunday tuvo media sanción del Senado y ahora está en manos de Diputados. La decisión sería parte del pacto entre el Frente Guasú, el PLRA y colorados disidentes.

El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, criticó a los senadores que votaron por la expropiación. Indicó que desde la institución no están en condiciones, ni tienen la intención política de pagar por esas tierras porque no corresponden.

Refirió que otros casos de tierras expropiadas como las de Paraguarí, fueron tasadas a un precio de G. 450.000.000 por hectárea, hecho que dificulta su adquisición.“Imagínate que un campesino pueda pagar G. 450.000.000 por hectárea, imposible, entonces es una ley de expropiación inviable”, explicó en una entrevista reproducida por IP Paraguay.

Agregó que la decisión formaría parte de un hecho político, ya que no se tuvo ningún criterio.“Se tiene que tener un elemento muy fuerte como argumento, donde los intereses sociales estén por encima de los particulares”, criticó.

Además manifestó que deben haber destinatarios claros y se debe conocer la cantidad de familias que serán beneficiadas. “No sé para quienes van a ser esas tierras, desconocemos el censo que habrán de manejar los senadores. Se pasaron por alto hechos demasiado importantes que no podemos dejar de lado cuando vamos a castigar económicamente a las arcas del Estado por un importe como lo son los U$S 50 millones”, dijo Cárdenas.