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Finalmente, a través de la Resolución Nº 274/2013 emitida este miércoles, el Indi revocó la transferencia de las 25.000 ubicadas en el departamento Boquerón, donde habita el grupo atetadiegosode del pueblo ayoreo.
La decisión se lleva a cabo tras reiteradas publicaciones de nuestro diario, donde se constata una llamativa subvaloración de las tierras, que estaban valuadas a G. 15.000 millones y fueron vendidas por G. 1.250 millones. Las publicaciones destacan también inconstitucionalidad de la venta en perjuicio a los pueblos originarios.
Enredado en una confusa explicación, Quesnel sostuvo en conferencia de prensa que se trató de un “error administrativo”, ya que consideraba modificada una ley que le permitía realizar la transacción. Sin embargo, se percató después que la ley no fue modificada, por lo que solicitó una auditoría jurídica externa para investigar el hecho.
Llamativamente, en ningún punto de la conferencia de prensa Quesnel admitió que en las tierras habita una comunidad indígena, y que al vender la propiedad sin su consentimiento, viola el Artículo 64 de la Constitución Nacional. También negó que se haya tratado de una subvaloración, y que simplemente intentó recuperar el dinero ya que no podían tener las tierras. Sin embargo, en Registros Públicos la propiedad estaba inscripta a nombre de la institución.
Por la venta de tierras, la Unión Nacional de Ayoreos en Paraguay (UNAP) demandó a Quesnel ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, a través de funcionarios de la organización Tierraviva, quienes actuaron como representantes legales de los indígenas.